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Son más de 100 los municipios cuyos cuerpos legislativos se manifestaron al respecto. El conflicto aún no se resolvió por la polémica suspensión de la audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Días atrás, se informó que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, vendió las accciones que tenía en la compañía tras las críticas lógicas por supuesto conflicto de intereses.
Días atrás, el Gobierno informó que Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, vendió sus acciones en Farmacity tras las recurrentes críticas por su rol y el supuesto conflicto de intereses en la discusión que gira en torno al desembarco de la compañía en la Provincia. El funcionario había renunciado al directorio de la empresa pero aún conservaba una participación calculada en 15 millones de dólares. Quintana integraba Partners I S.A., accionista controlante de Farmacity. De esa sociedad, también son parte las familias Gorodisch y Preiti, y el fondo de private equity Pegasus. El conjunto de la participación les da el 53 % de los votos y, en la práctica, la decisión final sobre la empresa. En junio el fiscal federal Ramiro González hizo lugar a la denuncia realizada contra Mario Quintana, por presuntamente, beneficiar a Farmacity como proveedora de PAMI. Además, muchos sospecharon de su injerencia en la polémica suspensión de la audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia que estaba prevista para dentro de unos días. Mientras aún se espera la resolución del conflicto, ya son más de 100 los municipios donde se ha manifestado el rechazo al desembarco de Farmacity. El Concejo Deliberante de General Rodríguez aprobó por unanimidad una resolución el 25 abril de este año al respecto y mucho tuvo que ver en esa iniciativa el impulso que ejerció el Colegio de Farmacéuticos local que, además, acompañó cada una de las movilizaciones del sector en repudio por la iniciativa de la firma polirubro y el modelo de negocios que pretende "violar" una ley vigente.El conflicto
El Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, que agrupa a unas 4500 farmacias, se opuso terminantemente a la instalación de la empresa y sostiene su postura en el marco de una ley que fue la que, hasta ahora, mantuvo a Farmacity alejado del objetivo que hoy busca concretar.
Los farmacéuticos quieren “defender la farmacia del barrio”.