Juan Pablo Anghileri denuncia sobreprecios e irregularidades en el último Gobierno municipal

Juan Pablo Anghileri denuncia sobreprecios e irregularidades en el último Gobierno municipal

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El ex Intendente y hoy concejal oficialista dijo en declaraciones radiales que se presentó en Fiscalía junto con sus compañeros de bloque para hacer una presentación judicial por distintas irregularidades detectadas en la gestión de Darío Kubar en 2019.

Juan Pablo Anghileri habló en RAdio Municipal sobre la denuncia que presentó en la UFI N°10 el miércoles 5 de agosto al mediodía junto a sus compañeros del bloque de concejales del Frente Todos, Reinaldo “Cartu” Torres, Emilse Portela y Fernando Vera. Ya había anticipado su acción en la sesión del Concejo Delieberante en la que se había rechazado la Rendición de Cuentas.

Al respecto, el ex mandatario que gobernó General Rodriguez entre 2010 (asumió como interino tras la destitución de Marcelo Coronel) y 2015, manifestó: “como consideramos que las irregularidades que encontramos pueden configurar un delito hicimos la presentación en la Fiscalía como corresponde… Presentamos la denuncia para ver si estamos en lo correcto y si es así determinar el responsable”.

Sobre los probables delitos, explicó que serían “falsificación de documento público porque hay docentes que certifican finales de trabajos que hizo la Municipalidad que no son las firmas de los docentes.
Después hay gastos que no corresponden o se justifican con lo que hace la Municipalidad por ejemplo gasto en publicidad y propaganda, combustibles, recursos del Fondo Educativo en cómo se gastaron. Hay muchos temas”.

Luego habló de sobreprecios en las compras municipales: “hoy vas a comprar vinagre y la Municipalidad lo compró en ese momento a un precio que todavía hoy no llegó al mercado. Hay precios que están más altos en el 2019 cuando el dólar estaba a 40 pesos que en la actualidad. Se pagó más caro en 2019 la recarga de matafuegos que lo que sale hoy en General Rodríguez, pero se hizo en Carmen de Areco”.

Y agregó: “No en un mayorista, sino en un almacén común, encontrás mejores precios que los que pagó a Municipalidad el año pasado. Acordate, la denuncia por las compras en plena pandemia que hizo el Ministerio de Desarrollo Social este año y que Juntos por el cambio armó flor de escándalo… el caso de los fideos que el Ministerio fue criticado este año porque lo compraba a 32 pesos cuando decían que había en ese momento por 28, el Municipio el año pasado los pagaba 48 pesos. Me parece que ahí hubo un sobreprecio interesante abonado por la gestión anterior”.

También remarcó que habrían existido falsificación de firmas: “Hay muchos docentes que firman como a cargo de las escuelas, pero por ejemplo está el caso de Cáceres que es un docente que lo firma primero con S en su apellido y después lo arregla. No parece muy normal. Si se comprueba que con las firmas nos equivocamos será un error nuestro, pero hay diferencias y además que un docente que es directivo de una escuela no le ponga el sello es muy extraño. Hay firmas que parecen electrocardiogramas. Esto pasa por ejemplo en una certificación de trabajos de una cooperativa de Merlo que es la misma que puso los reductores de velocidad en la calle Periodista Ezcurra”.

Por otro lado, detalló: “Esa cooperativa hizo trabajos en la limpieza de techos, zanjas, pastos y canaletas en las escuelas por unos 300 mil pesos, si no me acuerdo mal. En un día limpió la Escuela 4, la Técnica, la Nº1, etc, no se cuánta gente trabaja en esa cooperativa para hacer todos esos trabajos en un solo día. También hay proveedores que aclararon su firma, con dos tipos de letras en la misma semana. Es más, hasta hay correcciones en sus números de documentos”.

Habló también de la cuestión del cloro de las fuentes de la plaza: “Se gastaron en tres meses de la gestión anterior para el mantenimiento del agua de las fuentes unos 10 mil litros, no creo que ni las fuentes llenas pudieran entrar diez mil litros de agua”.

Y concluyó: “La denuncia, si creemos que hay irregularidades, debemos hacerla porque somos funcionarios públicos, y queremos que la Justicia vea, analice y determine si hay delitos o no”.

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