La Justicia detectó que más de 8000 empleados estatales cobran el plan Potenciar Trabajo

Tras una auditoria realizada al plan Potenciar Trabajo, salió a la luz que más de 8.000 empleados estatales provinciales cobraban el plan. Hasta el momento 10 provincias están implicadas y el fiscal federal Guillermo Marijuan ya pidió sus bajas. En la provincia de Buenos Aires se detectaron más de 2000 empleados públicos que lo cobran.

De acuerdo a la investigación realizada, el fiscal Marijuan acreditó la identidad de por lo menos 8.535 empleados estatales de 10 provincias que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

La normativa indica que es incompatible el ingreso y permanencia de aquellos que realizan alguna prestación social o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales.

Las provincias donde se han encontrado las irregularidades debido a que el cobro del plan y el de empleado estatal son incompatibles, son: Tucumán, con 1.145; La Rioja, con 1.060 (divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados); Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, quien también aparece en la lista con 2243 empleados, la decisión del reelecto gobernador Axel Kicillof, fue que cada uno de sus ministros cumpla con la manda judicial. Por lo que se pudo saber, hasta ahora solo se presentaron los datos del Ministerio de Seguridad, con 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576.

El funcionario judicial había solicitado, en noviembre de 2023, la base de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Por lo que se supo, hasta el momento, diez distritos respondieron, mientras los demás debieron volver a ser intimados.

Debido a los resultados, el fiscal se encuentra acusándolos de “realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

De acuerdo a los cálculos lanzados por las fuentes, la cantidad de personas involucradas solo en las gobernaciones, sin contar los municipios, podría llegar a superar las 20.000.

Los valores de la defraudación

A menos de un mes de la asunción de Javier Milei, las auditorias en el sector estatal son cada vez mayores. Esta investigación provocó un escándalo debido a que parte del presupuesto destinado a los sectores más vulnerables del Estado Nacional habría sido derivado a quienes no corresponde.

A modo de ejemplo, una de las provincias tomadas por la fiscalía federal fue la Jujuy, que registra 652 incompatibilidades. De acuerdo a los datos arrojados, el desprendimiento de fondos para los planes ascendería aproximadamente a $50.800.000 mensuales y hablando en cifras anuales, serían unos $609.600.000.

Siguiendo con la misma lógica, el presupuesto mensual derivado a los 8.535 empleados de las 10 provincias que aportaron sus datos, el monto sería de $650.000.000 mensuales, es decir, más de $7.800.000.000 anuales sin contar con el aguinaldo.

El fiscal Marijuan, además, le solicitó a los fiscales y magistrados de cada distrito “hacer cesar los efectos del delito, me veo compelido a requerir que, una vez impulsada la acción penal, se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa. De tal suerte se impone, de manera inmediata, la necesidad de hacer cesar los efectos del delito, procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.

Las provincias que incumplieron

Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego aún no emitieron información y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respondió de manera parcial el requerimiento de la Justicia a pesar de las dos intimaciones recibidas.

Según los investigadores de la fiscalía, existirían dos posibilidades ante la falta de respuestas: no quieren dar a conocer los datos porque va contra la normativa de Potenciar Trabajo -ya que si la persona consigue trabajo automáticamente pierde el plan, excepto los trabajadores temporarios o estacionales-, o están atrasados por el cambio de gobernadores.

Cabe recordar, que el objetivo del programa es “promover la inclusión social de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica”.