Luego de que el gobierno nacional anunciara la habilitación para que colegios y universidades privadas puedan realizar los ajustes que crean convenientes, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, dijo que la medida no regirá en la provincia de Buenos Aires
El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, afirmó que la provincia de Buenos Aires seguirá limitando el incremento de cuotas de colegios de gestión privada dado que el 70 por ciento de esas instituciones recibe subvenciones del Estado.
En declaraciones a Radio Provincia (AM 1270), el funcionario explicó que pese al “espíritu desregulador que tiene el gobierno nacional para que haya menos Estado”, en el territorio bonaerense “hay una Ley de Educación y normas que regulan los topes arancelarios para cada ciclo lectivo”. Aclaró que, si bien “esos topes no son fijos, porque se van moviendo con la inflación, no hay desregulación”.
En ese plano, sostuvo que el Gobierno provincial tiene "respeto" por la educación privada ya que representan “el 30% del sistema educativo bonaerense” y ofrecen “un enorme testimonio social”. En ese orden, recalcó que hay “reconocimiento a las escuelas privadas, subvención a las escuelas privadas y topes en las cuotas y matrículas para defender el bolsillo de las familias”.
Y remarcó que “en la provincia hay un sistema educativo de 6.300 instituciones de gestión privada, de las cuales 4.300 (70%) están subvencionadas por el Estado”.
Por otra parte, Sileoni informó que no se advierte "una tendencia de traspaso” de las escuelas privadas a las públicas, aunque “sí una mayor frecuencia de consultas en las jefaturas de distritos donde están nuestros inspectores”.
Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de un escenario de conflicto gremial, Sileoni recordó que si bien antes decían "con orgullo" que entre el 2019 y el 2023 las clases empezaron el 1º de marzo, este año no puede contestar "con la misma certeza”.
Vale recordar que la Resolución 678/99 marcaba que los establecimientos educativos privados debían informar antes del 31 de octubre de cada año a la Nación el importe de la matrícula de inscripción o reinscripción. También debían notificar "el valor total de la cuota o arancel mensual", discriminando los conceptos correspondientes a enseñanza programática, extraprogramática y todo otro concepto adicional, conforme a un formulario anexo de cuatro planillas. Ello se derogó.
