Se suma un nuevo capítulo al expediente que concluyó con la salida de Jorge D'Onofrio del Ministerio de Transporte provincial y que además incluyó un procedimiento en el Palacio Municipal.
La última semana, el fiscal Álvaro Garganta ordenó una serie de allanamientos vinculados al escándalo de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), conocido como la Causa Fotomultas, por la que General Rodríguez Estuvieron estuvo en el centro de la escena nacional, pues hubo allanamientos de la Policía Federal (PFA) en la oficina de un alto funcionario de la Municipalidad.
Mirá el informe completo en Contame La Posta (La Posta TV):
Los procedimientos incluyeron la sede central de Cecaitra y el domicilio de su presidente, Bernardino Antonio García, en busca de documentación y equipos relacionados con la facturación de multas a través de cinemómetros sin la debida certificación, consignó Realpolitik.
Según la acusación, los 155 dispositivos utilizados carecían del “certificado de conformidad” exigido por la normativa, lo que podría haber invalidado miles de infracciones y generado un perjuicio económico al Estado y a los vecinos multados.
El supuesto fraude fue detectado durante una auditoría interna realizada en 2023, que puso en evidencia irregularidades en los controles técnicos de los equipos y en la trazabilidad de las actas de infracción.
La causa investiga si existió connivencia entre funcionarios de diferentes municipios y directivos de Cecaitra para diseñar un esquema de negocios que benefició a la empresa a costa de la seguridad vial y de la transparencia administrativa.
Sobre la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional La Plata, no existen registros de que sus instalaciones hayan sido allanadas en esta investigación. No obstante, en años anteriores la facultad platense suscribió convenios con Cecaitra para el desarrollo e implementación de sistemas de fotomultas en varios municipios de la provincia, entre ellos Gral. Rodríguez.
Todo empezó el 27 de diciembre del año pasado, cuando la PFA allanó el Palacio Municipal en el marco de la causa por presuntas irregularidades en un convenio de fotomultas. En esa jornada, estuvieron en la oficina privada del jefe de Gabinete municipal, Luciano Larralde, según trascendió.
Tras el allanamiento, se realizó una investigación inicial que se centró en un convenio de 2020 firmado entre el Municipio y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) para implementar fotomultas. El mismo había sido firmado por Larralde, entonces en el área de Seguridad, aprobado por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) en octubre de 2020, con críticas opositoras por falta de licitación y llamativa necesidad y urgencia.
Según fuentes del Municipio, este convenio con Unsam nunca llegó a aplicarse.
Pero además existe otro convenio, ¿con qué firma? Sí, con Cecaitra, investigada, como se mencionó anteriormente, por desvío de fondos entre ésta y la UTN-La Plata en perjuicio del Estado y municipios. Ese convenio fue aprobado en el HCD el 8 de agosto de 2024 y es de cooperación para seguridad vial y tecnología, incluyendo rutas nacionales.
Ese convenio de 2024 lleva las firmas del intendente Mauro García y del secretario de Gobierno, Hacienda y Legales, Diego Ghirardi.
También son investigados empleados de Cecaitra, que eran funcionarios de la UTN y firmaban convenios desde ambos lados, por lo que los formularios de distribución de ingresos que la UTN hacía firmar a municipios se correspondían con el CBU de Cecaitra, no de la UTN.
Por lo tanto, la causa iniciada con el allanamiento en Gral. Rodríguez y otros municipios se ha ampliado a un entramado que salpica a nivel provincial.
No sólo se investiga un presunto fraude que perjudica al Estado y los municipios, sino que además todo esto podría derivar en un escándalo que comprometa a empresarios, exfuncionarios (del Ministerio de Transporte) e instituciones académicas.
