La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) se encuentra en el centro de una creciente tormenta judicial. Con allanamientos recientes, auditorías provinciales y múltiples denuncias de intendentes y gremios, la entidad estaría apostando ahora a una estrategia mediática para desacreditar a los denunciantes y desviar el foco de las investigaciones
A principios de mes, el fiscal Álvaro Garganta ordenó una serie de allanamientos vinculados al escándalo de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), conocido como la Causa Fotomultas, por la que General Rodríguez entre varios municipios estuvo en el centro de la escena nacional, pues hubo allanamientos de la Policía Federal (PFA) en la oficina de un alto funcionario de la Municipalidad.
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La causa investiga si existió connivencia entre funcionarios de diferentes municipios y directivos de Cecaitra para diseñar un esquema de negocios que benefició a la empresa a costa de la seguridad vial y de la transparencia administrativa.
El supuesto fraude fue detectado durante una auditoría interna realizada en 2023, que puso en evidencia irregularidades en los controles técnicos de los equipos y en la trazabilidad de las actas de infracción.
Lo cierto es que mientras Garganta y el juez Juan Pablo Massi conducen una causa clave que detectó la utilización de más de 150 cinemómetros sin habilitación del INTI, lo que invalidaría miles de multas y forzaría a los municipios a reintegrar lo cobrado irregularmente, CECAITRA optó por una estrategia que enciende nuevas alarmas: una campaña mediática sostenida en información falsa y expedientes judiciales ya archivados según fuentes de la Justicia bonaerense.
La gravedad de las irregularidades detectadas llegó incluso a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata, donde la Justicia secuestró documentación tras identificar inconsistencias en las distribuciones realizadas por CECAITRA.
Frente a este panorama, su presidente Bernardino García, en tándem con el ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio (foto), estaría impulsando una campaña mediática para instalar un relato alternativo y atacar a sus críticos. Según diversas fuentes, se habrían contactado con periodistas y medios para ofrecer notas que rozan la propaganda paga.
En algunos casos, se busca reactivar causas ya archivadas para alimentar titulares funcionales a la defensa pública de la entidad. La jugada incluye la reactivación mediática de causas desestimadas por la Justicia y ataques dirigidos a los funcionarios y gremios que expusieron las irregularidades.
“No es nuevo que ciertos medios jueguen a favor de quien paga mejor. Lo grave es que en este caso están defendiendo un sistema de recaudación irregular, que afecta directamente a los recursos de los municipios y al bolsillo de los contribuyentes”, advirtió un intendente del conurbano que prefirió mantener el anonimato al portal REALPOLITIK.
La situación en General Rodríguez
En distritos como Brandsen, Campana o La Matanza, los convenios con CECAITRA representan hasta el 20 por ciento de la recaudación municipal. La posibilidad de anular esas multas, advierten los gremios, pone en riesgo el pago de salarios, aumentos paritarios y obras públicas en curso.
En paralelo, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, ordenó una auditoría exhaustiva que ya detectó irregularidades en transferencias bancarias, CUIT y CBUs correspondientes a universidades y empresas tercerizadas. La Facultad Regional La Plata de la UTN fue allanada por la Justicia debido a su participación en el circuito de fondos derivados de CECAITRA. El caso generó un pedido de informes del Tribunal de Cuentas y provocó que varios municipios decidieran suspender sus convenios.
En ese sentido, trascendió que el intendente Mauro García así como sus pares Ramón Lanús (San Isidro), Julio Zamora (Tigre), Jorge Etcheverry (Lobos), Juan Pablo García (Dolores) y Javier Osuna (Las Heras), comenzaron a tomar distancia de la situación con la intención de suspender los convenios, al tiempo que los contratos están siendo revisados con lupa en varios otros municipios. El avance simultáneo de la Justicia, las auditorías provinciales y la presión social conforman un escenario cada vez más delicado para una entidad que supo tejer vínculos profundos en los tres niveles del Estado.
En nuestro distrito, todo empezó el 27 de diciembre del año pasado, cuando la PFA allanó el Palacio Municipal en el marco de la causa por presuntas irregularidades en un convenio de fotomultas. En esa jornada, estuvo en la oficina privada del jefe de Gabinete municipal, Luciano Larralde, según trascendió.
Tras el allanamiento, se realizó una investigación inicial que se centró en un convenio de 2020 firmado entre el Municipio y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) para implementar fotomultas. El mismo había sido firmado por Larralde, entonces en el área de Seguridad, aprobado por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) en octubre de 2020, con críticas opositoras por falta de licitación y llamativa necesidad y urgencia. Según fuentes del Municipio, este convenio con Unsam nunca llegó a aplicarse.
Pero además existe otro convenio, ¿con qué firma? Sí, con Cecaitra, investigada, como se mencionó anteriormente, por desvío de fondos entre ésta y la UTN-La Plata en perjuicio del Estado y municipios. Ese convenio fue aprobado en el HCD el 8 de agosto de 2024 y es de cooperación para seguridad vial y tecnología, incluyendo rutas nacionales.
Ese convenio de 2024 lleva las firmas del intendente Mauro García y del secretario de Gobierno, Hacienda y Legales, Diego Ghirardi.
Por lo tanto, la causa iniciada con el allanamiento en Gral. Rodríguez y otros municipios se ha ampliado a un entramado que salpica a nivel provincial.
Fuente: REALPOLITIK
