Cuánto ganan los legisladores bonaerenses y en qué puesto están a nivel nacional

Un informe de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI) permitió elaborar un ranking del salario de legisladores de las 24 provincias del país. En ese sentido, los legisladores bonaerenses ocupan el podio de los ingresos más altos, con 5,6 millones de pesos netos mensuales  

Un reciente relevamiento nacional ha puesto en evidencia la profunda disparidad salarial entre los legisladores provinciales de Argentina, revelando cifras que en algunas jurisdicciones superan los $8 millones por mes, mientras que en otras apenas sobrepasan el millón. El informe, realizado por la organización Ruido para la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), en colaboración con el proyecto Reverso y coordinado entre Chequeado y AFP, se basó en recibos de sueldo de abril y mayo de 2025. 

Según este exhaustivo análisis, los diputados de la provincia de Buenos Aires se encuentran entre los legisladores provinciales mejor remunerados del país. Perciben ingresos netos de $5,6 millones por mes, lo que los posiciona en el tercer lugar del ranking nacional. 

La situación de los legisladores bonaerenses contrasta fuertemente con otras realidades provinciales: mientras los de Santa Fe encabezan el ranking con $8,5 millones netos mensuales, seguidos por los de Neuquén con $6 millones, los salarios más bajos se encuentran en Chaco, donde los legisladores perciben $1 millón, seguidos por La Rioja ($1,5 millones) y Formosa ($1,8 millones). 

El salario promedio de los legisladores provinciales se ubica en $3,9 millones mensuales, lo que equivale a 12,4 veces el salario mínimo vital y móvil, fijado en $317.800 desde julio. Un diputado santafesino, por ejemplo, cobra casi 27 salarios mínimos, mientras que uno de Chaco recibe poco más de 3. 

Metodología y composición salarial 

El estudio priorizó el salario neto (de bolsillo) como el indicador más fiel del ingreso real, dado que muchas dietas formales incluyen montos simbólicos. La mayor parte de los haberes se compone de adicionales como “gastos de representación” o “adicional por función”. En provincias como Chaco, la "dieta" pura puede ser de apenas $1.735, mientras que los "Gastos de Representación" superan el millón de pesos. En Santa Cruz, el sueldo básico es de $282.982, pero el monto final se incrementa significativamente por estos ítems complementarios. 

Además, el informe detalla la dispersión de conceptos en los recibos de sueldo. Once provincias, incluyendo Santa Cruz, incorporan la antigüedad calculada sobre el tiempo de servicio en la administración pública. Otros distritos como Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, La Pampa y Formosa reconocen ítems por título académico, zona desfavorable o traslados. 

Falta de transparencia y estándares nacionales

Una de las conclusiones más relevantes del estudio es la escasa transparencia institucional en la mayoría de las legislaturas. Juan Krahl, coordinador de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de la organización Directorio Legislativo, señaló que "no existe un estándar nacional que defina los componentes de las dietas legislativas ni el valor de los módulos". Esta falta de unificación genera una marcada heterogeneidad entre provincias y dificulta la evaluación pública del gasto legislativo. 

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, enfatizó que “el acceso a esta información es fundamental porque transparenta el funcionamiento de las legislaturas y responde al interés de la ciudadanía”. Asimismo, recordó que casi 9 de cada 10 legislaturas provinciales en Argentina no publican datos clave sobre contrataciones de personal o uso de fondos, lo que complica el seguimiento de los recursos públicos y obstaculiza la rendición de cuentas. 

La mayoría de los consultados ofrecieron su recibo y permitieron mostrarlo a cambio de no ser identificados. Muchos otros se negaron a difundirlo, y en algunos casos sólo se consiguieron los datos, sin el recibo.

Sea como sea, este relevamiento subraya la necesidad de un debate público sobre la remuneración de los legisladores, enmarcado en el contexto económico general del país y de cada provincia, buscando un equilibrio entre la responsabilidad del cargo y la realidad social. 

Fuente: Chequeado