La comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos del Senado bonaerense despachó una ley para modificar la señalización de las fotomultas. Todo esto se da meses después del escándalo con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) por la famosa "Causa Fotomultas"
La comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos del Senado bonaerense emitió en las últimas horas despacho favorable a un proyecto de ley para modificar la distancia que hay entre el cartel de advertencia y la máquina de fotomultas.
Actualmente, la Ley 13.927 establece que los carteles de señalización vial deben ser colocados en una antelación mínima de 500 metros de la zona de alcance de los elementos de dirección de infracciones. Según la normativa propuesta por el senador monzoísta Marcelo Daletto, la distancia deberá pasar a ser de 3000 metros.
“La seguridad vial es un derecho fundamental de los ciudadanos y una responsabilidad indelegable del Estado. Actualmente, en muchas jurisdicciones, las normas de tránsito parecen estar diseñadas más con fines recaudatorios que preventivos“, sostiene el legislador del bloque UCR + Cambio Federal.
Con esta modificación, el senador opositor busca solucionar el problema que trae que muchos equipos de control de velocidad estén colocados en zonas donde las máximas permitidas son inferiores a las fijadas por la Ley.
Asimismo, la propuesta que tuvo despacho de la comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos del Senado bonaerense, indica que el cambio de velocidad entre la señalización previa y el sector de control, deberá ser progresivo no pudiendo ser mayor a 40 kilómetros.
“La situación actual genera desconfianza en los sistemas de control y no contribuye efectivamente a reducir la siniestralidad vial. Por ello, esta iniciativa legislativa busca transformar esta realidad a través de una estrategia centrada en la prevención de accidentes mediante la mejora y ampliación de la señalización vial”, advirtió Daletto.
En ese sentido, la misma señalización en donde consta la existencia de los instrumentos de control de infracciones, deberá informar la velocidad máxima permitida, y estar ubicada entre uno a diez kilómetros, conforme lo determine la autoridad de aplicación.
De producirse un incumplimiento de las medidas referenciadas en la Ley 13.927, las actas de infracciones y/o fotomultas generadas pasarán a ser “nulas y carentes de vínculo jurídico exigible para su efectivo cumplimiento y pago”.
Es preciso mencionar que la reunión de comisión de Transporte estuvo encabezada por su titular Marcelo Leguizamón (PRO), y contó con la participación de Sofía Vannelli (Unión por la Patria), Carlos Kikuchi (Unión, Renovación y Fe); y Jorge Schiavone (PRO). En tanto, de manera virtual participaron Ayelén Durán y Agustín Máspoli.
En el "ojo de la tormenta"
Hace aproximadamente tres meses, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) se encontró en el centro de una creciente tormenta judicial, con allanamientos y auditorías provinciales que generaron múltiples denuncias de intendentes y gremios. La investigación, impulsada por el fiscal Álvaro Garganta, se centró en la presunta connivencia entre funcionarios municipales y directivos de CECAITRA para diseñar un esquema de negocios que, aparentemente, beneficiaba a la empresa en detrimento de la seguridad vial y la transparencia.
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Entre los hallazgos más preocupantes se detectó la utilización de más de 150 cinemómetros sin la habilitación del INTI, lo que podría invalidar miles de multas y forzar a los municipios a reembolsar lo recaudado irregularmente.
General Rodríguez, entre otros municipios, fue uno de los focos de esta investigación, con allanamientos en el Palacio Municipal por presuntas irregularidades en convenios de fotomultas. En particular, un convenio de 2024 firmado por el intendente Mauro García con CECAITRA estaba siendo revisado.
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Ante este panorama, varios intendentes como Ramón Lanús (San Isidro) y Julio Zamora (Tigre) comenzaron a tomar distancia de la situación, evaluando la suspensión de sus acuerdos con la entidad. Paralelamente, el Ministerio de Transporte bonaerense ya a cargo de Martín Marinucci en lugar de Jorge D’Onofrio ordenó una auditoría exhaustiva que ya había detectado irregularidades en transferencias bancarias y la Justicia allanó la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata por su participación en el circuito de fondos derivados de CECAITRA.
Fuente: 0221
