En la última semana, el concejal y candidato de La Libertad Avanza, Darío Kubar, reveló la existencia de una denuncia que apunta a presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a horas adicionales de la Policía en General Rodríguez. Tras sus dichos, llegó al medio información que agrega detalles al respecto de lo que señala la denuncia.
Según lo difundido en el programa Contame La Posta, la presentación –de carácter anónimo, por temor a represalias– involucra a la Comisaría Primera y al área de Seguridad municipal, y solicita a la Justicia investigar un posible esquema de corrupción y sobrefacturación en el sistema de horas POLAD.
El mecanismo denunciado
De acuerdo con los documentos a los que accedió el medio, el municipio paga a la policía local y de otros distritos para reforzar la seguridad mediante horas adicionales, con un valor de $5.887 por hora. Sin embargo, la denuncia sostiene que en las planillas oficiales se incluyen tanto efectivos que realmente cumplen con el servicio como otros que no se presentan, conocidos como “legajeros”.
El esquema funcionaría de la siguiente manera:
El Municipio abona el 100% de las horas declaradas. El efectivo “legajero”, que figura en los registros, pero no trabajaría (según lo denunciado) por las horas percibidas, recibiría un 30% del valor de su "trabajo", pero ni se presentaría. El 70% restante sería devuelto a quienes administran los fondos en la comisaría y en el área de seguridad.
Los números de la sospecha
La documentación presentada muestra que, solo en junio de 2025, el Municipio habría destinado $27.355.183,40 para cubrir horas adicionales de 56 efectivos. La denuncia indica que parte de esos servicios estaban asignados a puestos fijos en los que los vecinos aseguran no haber visto policías en los últimos seis meses. No queda aún claro si se debe a oficiales comunes o también a los de la Fuerza Barrial, cuestiones que habrá que consultar con las fuentes de Seguridad, que aún no se expidieron al respecto.
En el programa de Contame La Posta se detalló que las fuentes consultadas afirmaron que la prueba central es que existen planillas firmadas, legajos, horarios y boletas de servicio, lo que configuraría al menos una irregularidad administrativa (ya que al menos los puestos fijos nunca tuvieron presencia este año), con la posibilidad de derivar en un caso de defraudación al Estado.
Nombres bajo la lupa
El escrito señala responsabilidades en la cúpula de la Comisaría Primera y en quienes administran y rinden los pagos ante el Municipio. Además, menciona al secretario de Justicia municipal, Rapazzo, quien sería responsable de autorizar los fondos.
Lo que viene
Para comprobar el presunto fraude, la Justicia (UFI N°9) debería realizar pericias bancarias, análisis de comunicaciones, revisión de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos. En el programa se advirtió que maniobras similares se detectaron en el pasado en otros distritos bonaerenses, y que muchas veces se justificaban como mecanismos para obtener recursos ante la falta de financiamiento provincial. Sin embargo, habrá que ver a dónde fue el dinero involucrado (que es millonario y proviene directamente de las arcas municipales) y si puede justificarse en su rendición.
La investigación recién comienza, pero ya instaló una pregunta clave: ¿los recursos que deberían reforzar la seguridad en General Rodríguez terminaron en manos privadas a través de un esquema de recaudación ilegal o es solo una "denuncia de campaña" de varias que la justicia no suele avanzar o detallar?
