Allanaron un barrio cerrado de General Rodríguez en una mega causa por una red millonaria de contrabando
Un barrio cerrado de General Rodríguez aparece mencionado en una investigación federal que descubrió una red millonaria de contrabando de metales. El caso, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ya tuvo operativos en distintas zonas del conurbano.
Una de las causas judiciales más resonantes de los últimos meses, que investiga el contrabando internacional de cobre y el lavado de millones de dólares, tiene un capítulo en General Rodríguez.
Según reveló La Nación, entre los allanamientos ordenados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por pedido del fiscal Fernando Domínguez, se incluyó una propiedad dentro del barrio cerrado Haras San Pablo, ubicado sobre la Ruta 6, en el límite sur de nuestro distrito.
La investigación apunta a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de metales —principalmente cobre—, que salían del país por canales informales hacia Bolivia y luego eran revendidos en el exterior, especialmente en Estados Unidos.
Las ganancias regresaban al país mediante transferencias a cuentas en Hong Kong y China, y luego se blanqueaban a través de inversiones inmobiliarias, vehículos de lujo y emprendimientos turísticos.
Un circuito millonario con vínculos locales
De acuerdo con la información judicial, la red operaba bajo la fachada de empresas de reciclaje de chatarra. A partir de la exportación irregular, se generaban ganancias en divisas que luego se reinvertían en bienes de alto valor como un complejo de cabañas en Cañuelas, valuado en unos 2,8 millones de dólares, departamentos en Caballito y Villa Lugano; un edificio en construcción en Villa Urquiza; camionetas 4×4 y autos de lujo, entre ellos Mercedes-Benz y Ford Raptor.
Entre los inmuebles allanados, además de casas en Tigre, Escobar y Moreno, figura una propiedad en el Haras San Pablo de General Rodríguez, lo que coloca a nuestro distrito dentro del mapa de las operaciones investigadas por lavado de dinero.
Fuentes del caso señalaron que algunos de los acusados adquirieron o alquilaron viviendas de alto valor en barrios cerrados para “disimular” el origen del dinero y resguardar bienes fuera del radar financiero.
La trama judicial
La causa está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención del fiscal federal Fernando Domínguez.
En los últimos días, las fuerzas federales realizaron más de una decena de allanamientos simultáneos y detuvieron a al menos nueve personas por presunto lavado de activos y contrabando agravado.
Uno de los allanamientos más resonantes fue en una casa quinta de Moreno, donde los agentes hallaron 4 millones de dólares en efectivo. También se secuestraron vehículos de alta gama y documentación sobre transferencias internacionales.
Entre las pruebas centrales hay registros de transferencias a cuentas en Asia, exportaciones de chatarra sin declarar ante la Aduana, y la utilización de sociedades pantalla para canalizar fondos provenientes de la venta de cobre y otros metales.
Lo que viene
La investigación judicial sigue su curso. Los acusados enfrentan cargos por contrabando agravado, lavado de activos y asociación ilícita, delitos que prevén penas de hasta 10 años de prisión.
Mientras tanto, la Justicia federal continúa analizando documentación y propiedades en distintos puntos del conurbano, entre ellos General Rodríguez, donde se intenta determinar si hubo otras operaciones inmobiliarias vinculadas a la red.