El calvario de un nene atropellado en Ruta 7: ¿su madre acciona legalmente contra funcionarios municipales?

Ximena Ponce, madre de Santino Chaparro, el nene atropellado en Ruta 7 en abril pasado, y su abogada, Yésica Perea, revelaron en el último episodio de "Contame La Posta" una serie de "gravísimas" irregularidades en la causa judicial (UFI 9) y señalaron directamente a funcionarios municipales de General Rodríguez por presunta negligencia y encubrimiento. El niño de 13 años, que sufrió múltiples fracturas y 14 cirugías, lucha por recuperar su vida mientras el responsable de la colisión "sigue libre y la Justicia va camino a quedar en la nada", dijeron 

El caso de Santino Chaparro, el joven de 12 años (que hace poco cumplió 13) que fue atropellado por una moto en la Ruta 7 en abril, se ha convertido en un símbolo de la desesperación familiar ante la inacción judicial y la presunta desidia política. Su madre, Ximena Ponce, y su abogada, Yésica Perea, ofrecieron un detallado y conmovedor testimonio sobre las secuelas que arrastra el niño y el laberinto burocrático que han enfrentado, y por eso se hicieron presentes en el último programa de "Contame La Posta". 

Mirá acá la entrevista con la mamá de Santino y su abogada 

El accidente ocurrió el 22 de abril, cuando Santino y su hermano menor bajaron de un colectivo de La Perlita. El vehículo se detuvo sobre la calzada, ya que la dársena estaba ocupada por militantes que realizaban pintadas. Cuando intentaba cruzar, Santino fue embestido por una motocicleta que venía a alta velocidad por la banquina.

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Las consecuencias para el menor fueron devastadoras, sufriendo fractura de fémur, cadera, pelvis y una grave lesión vascular. A sus 13 años, ya ha pasado por múltiples intervenciones.

"Él llora de los dolores, está cansado, está triste, le arruinaron su infancia", relató Ximena, visiblemente afectada. El panorama reciente es aún más sombrío, pues Santino retrocedió en su recuperación: "se le quebraron dos prótesis de su cuerpo", las cuales estaban colocadas en la rodilla y el fémur, lo que demanda una nueva cirugía, la número 14. 

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La madre describió también el estado anímico del adolescente, quien está frustrado por no poder llevar una vida normal: "está frustrado porque quiere ir al colegio, quiere ir a estudiar, quiere hacer su vida normal de un nene adolescente". Por eso la impotencia es inmensa: "cuando me pregunta de por qué le pasó a él, es como que no tengo palabras para expresarme. O cuando me dice 'por qué no aparece el que me chocó, por qué no pregunta cómo estoy'...". 

El sumario perdido y la fuga del imputado

La abogada Yésica Perea subrayó que el proceso judicial, a cargo de la UFI 9 de General Rodríguez, ha sido un camino lleno de escollos. La irregularidad más grave y que generó las primeras denuncias públicas fue la misteriosa desaparición de la documentación inicial del caso.

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"Yo no puedo entender cómo no aparece un sumario después de tres meses", enfatizó Perea, señalando la falta de acuerdo entre la Comisaría 1º y la fiscalía sobre el paradero del expediente. La causa, caratulada como "Lesiones culposas", fue encontrada "mágicamente" luego de que la familia hiciera pública su denuncia.

Respecto al conductor de la moto, un joven de 22 años, la situación es aún más irritante para la familia. Él figura como imputado en la causa, pero dio un domicilio falso (de Transportes Bustamante). Además, la moto fue entregada el mismo día del siniestro, a pesar de que el conductor no presentó seguro ni otra documentación necesaria para circular.

Actualmente, el joven "está fuera del país", según los últimos reportes, y todavía no hay orden de detención ni ha sido citado a declaración indagatoria. Ponce manifestó su indignación: "mientras tanto, el chico que lo atropelló sigue libre, como si nada, corriendo picadas, sin asumir ninguna responsabilidad". Perea concluyó que "la causa judicial va camino a quedar en la nada. Se avanzó muy poco".

Sospechas de encubrimiento por parte del poder municipal 

La posibilidad de abrir una causa contra funcionarios municipales se debe a la negligencia en la que se generó el siniestro. La abogada Perea sostiene que la responsabilidad del accidente es "solidaria" entre el motociclista, la empresa La Perlita (por detenerse mal) y el Municipio. La Municipalidad falló por permitir "las tareas de mantenimiento en la dársena sin control de tránsito adecuado ni la señalización adecuada", según ella. 

Además, la letrada reveló que se identificó que funcionarios municipales, incluyendo a "Cartu" Torres (ex concejal, ahora con un rol en Obras y Servicios Públicos) y Sebastián Piccardo (Secretario de Prensa), estaban presentes en el lugar en el momento del accidente. Estos funcionarios no se presentaron a declarar como testigos durante meses. Recién lo hizo "Cartu" Torres después de que Ximena Ponce utilizara "las redes sociales para escracharlo", aseveró.  

La presencia de funcionarios cobró un tinte "escandaloso" cuando Torres se presentó a declarar, y Ponce admitió que no "tendría problemas en decir con quién, no tengo miedo a nadie, dejaron a mi hijo postrado en una cama". "Él fue acompañado de Rappazzo", reveló la mamá de Santino, explicando que el secretario de Justicia y Política Criminal se presentó junto a Torres en la fiscalía cuando debía declarar, algo que para la Dra. Perea generó la sensación de un claro conflicto de intereses, ya que la madre no cuenta con ese apoyo. 

En ese sentido, manifestó la desventaja sentida por la familia: "uno se siente en desventaja porque vos decís ¿qué tengo que pensar? Estamos tapando todo parece. Porque esto fue lo que me dio a pensar". 

Ximena Ponce interpretó el accionar como un abandono estatal: "yo siento que hay abandono de parte del Estado, también del Municipio". La madre, recordemos, había reforzado la idea de encubrimiento, al señalar en sus redes previamente: "Sabemos que en ese accidente estuvo involucrado un partido político y gente del Municipio, y hoy sentimos que quieren tapar lo que pasó". 

A raíz de sus publicaciones, Ximena dijo que sufrió intimidaciones: "recibí amenazas también, después de la publicación sobre Cartu Torres recibí dos mensajes por Instagram donde no se ve la foto de quienes me los envían, me decían que borre la publicación porque me iba a ir mal". A pesar de las amenazas, la joven madre, quien trabaja en el Municipio, se mantiene firme en su reclamo por justicia: "yo no voy a parar, yo si tengo que hacer una marcha la voy a hacer, si tengo que pararme frente al Municipio por más que trabaje ahí, lo voy a hacer". 

La lucha contra la obra social 

A la par de la lucha judicial, la familia debe lidiar con problemas logísticos y de salud. Ximena debe pagar terapias de rehabilitación y remises para traslados a médicos, ya que la ambulancia ya no se lo brinda. Su obra social, ViaSano, ha sido un obstáculo adicional: "la obra social me cortó la asistencia psicológica para Santino y no cumple con la provisión de las prótesis", añadió.  

Según Yésica Perea, la obra social "quiere insistentemente saber cuál es el seguro, para que reembolsen y ver quién les va a pagar a ellos todos los gastos que vienen afrontando. No me parece correcto", ejerciendo una "presión extra sobre la familia de Santino". 

"Yo lo que espero ahora es que se hagan responsables de todo el daño que le causaron, no solamente a él sino también a Benjamín (su hermano menor)", sentenció Ximena Ponce a modo de conclusión.