Qué novedades hubo en la mega causa por contrabando que derivó en un allanamiento a un barrio cerrado local
La banda, integrada por empresarios argentinos, utilizaba cuentas en Asia y criptoactivos para lavar dividendos multimillonarios obtenidos del tráfico ilegal de metales ferrosos y cobre hacia Estados Unidos. La Justicia investiga la complicidad de funcionarios públicos, mientras toda la operatoria conduce a una causa aún más grande. Uno de los allanamientos había sido en el barrio cerrado Haras San Pablo de General Rodríguez
Una de las investigaciones federales más resonantes de los últimos meses, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, logró desbaratar una sofisticada organización delictiva transnacional dedicada al contrabando de metales ferrosos y cobre, y al posterior lavado de activos. Las maniobras ilegales generaban ganancias millonarias en divisas que eran blanqueadas mediante inversiones inmobiliarias y la adquisición de bienes de alto valor en diversos puntos del Conurbano.
En el marco de la causa, se llevaron a cabo 20 allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de nueve personas —siete hombres y dos mujeres—. Entre los aprehendidos figura una ciudadana de nacionalidad china, imputada por infracción al Régimen Penal Cambiario. Los detenidos enfrentan cargos por contrabando agravado, lavado de activos y asociación ilícita, delitos que conllevan penas de hasta 10 años de prisión.
La magnitud de la red criminal se hizo evidente con la lista de ubicaciones registradas, que incluyó propiedades de lujo y barrios cerrados. Entre los inmuebles allanados, figura una propiedad dentro del barrio cerrado Haras San Pablo en General Rodríguez.
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El allanamiento en Haras San Pablo, ubicado sobre la Ruta 6 en el límite sur del distrito, coloca a General Rodríguez directamente dentro del mapa de operaciones investigadas por lavado de dinero. Según fuentes judiciales, la elección de adquirir o alquilar viviendas de alto valor en barrios cerrados era una táctica clave de los acusados para "disimular" el origen ilegal del dinero y resguardar los bienes fuera del radar financiero tradicional.
Otros operativos en barrios cerrados resonantes se desarrollaron en Las Liebres (Escobar), La Comarca (Tigre), San Lucas (Ingeniero Maschwitz) y Estancia Alvear (Don Torcuato).
Un circuito de contrabando y blanqueo de criptomonedas
Se supo que la investigación, que es un desprendimiento de la denominada “Operación Comando Crypto” de septiembre de 2023, reveló la metodología minuciosa utilizada por la banda de empresarios. Los materiales ferrosos y el cobre, que a menudo provenían del robo de picaportes, cables y otros objetos de bronce y cobre en ciudades y áreas rurales, eran traficados en toneladas industriales.
La organización operaba bajo la fachada de empresas de reciclaje de chatarra. Los metales salían del país por canales informales, utilizando a Bolivia y Paraguay como países de tránsito, y luego eran revendidos en el exterior, principalmente en Estados Unidos, pero también a Europa y China.
Los pagos millonarios por estas exportaciones ilegales se realizaban mediante criptoactivos. Estos fondos eran transferidos a cuentas radicadas en China y Hong Kong. Posteriormente, para reingresar el dinero al circuito económico local, los fondos eran convertidos en efectivo y retirados en Argentina a través de financieras informales, conocidas como "cuevas".
Ahora bien, se conoció dónde era reinvertido el dinero blanqueado:
-Un complejo de cabañas en Cañuelas, valuado en aproximadamente 2,8 millones de dólares.
-Departamentos en Caballito y Villa Lugano.
-Un edificio en construcción en Villa Urquiza.
-Vehículos de alta gama, incluyendo camionetas 4x4, autos de lujo, Ford Raptor y Mercedes-Benz.
En el desarrollo de los allanamientos, las fuerzas federales incautaron cantidades impresionantes de efectivo y activos:
• Más de 4.495.419 dólares estadounidenses.
• 473.722.770 pesos argentinos.
• Más de 124.585 euros, 76.042 reales y 44.090 USDT (criptoactivos estables).
Uno de los hallazgos más notables se produjo en una casa quinta en Moreno, donde los agentes encontraron 4 millones de dólares en efectivo. Este mismo implicado habría intentado sobornar a los funcionarios durante el procedimiento para ser liberado.
Además del dinero, se secuestró material clave, incluyendo dos pistolas con cartuchos, 19 teléfonos celulares, un camión, siete camionetas, ocho automóviles, tres motocicletas, catorce computadoras, una billetera física tipo Bitcoin y cuatro máquinas contadoras de billetes. La evidencia muestra que uno de los investigados realizó 425 operaciones con criptoactivos entre 2021 y 2025, por un monto que superó los 21 millones de USDT.
¿Complicidad estatal?
La causa se ve agravada por la información obtenida sobre la complicidad de funcionarios públicos y agentes de seguridad. Estos individuos están siendo investigados por recibir sobornos, facilitar el paso de los cargamentos por las rutas argentinas y advertir a los empresarios sobre las vigilancias judiciales.
La investigación, a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez, sigue su curso mientras la Justicia federal continúa analizando la documentación y las propiedades secuestradas en el Conurbano, incluyendo General Rodríguez, para determinar el alcance total de las operaciones inmobiliarias vinculadas a esta compleja red de contrabando y lavado de dinero.
Fuente: Infobae
