Cómo impacta en los colegios privados bonaerenses la desregulación de las cuotas
La DGCyE emitió un comunicado para aclarar el alcance del decreto del gobierno nacional que desreguló los aranceles de los colegios privados. En ese sentido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que los colegios privados subvencionados continuarán con los topes arancelarios
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, advirtió que los colegios privados con subvención estatal, que constituyen más del 70% en el territorio provincial, continuarán con topes arancelarios.
Es que, luego de que el Ejecutivo nacional eliminara el sistema de control sobre las cuotas de los colegios privados, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense salió a poner reparos con respecto a las instituciones privadas que cuentan con apoyo estatal.
Según señalaron desde la DGCyE, los colegios de gestión privada con subvención del Estado continuarán con topes arancelarios, sujetos a la supervisión y autorización justamente de la Dirección General, de acuerdo con la normativa provincial vigente, por lo cual no regirá las desregulaciones impulsada por Nación.
En el caso de las instituciones sin aporte estatal, con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 787/2025, quedarán eximidas de la regulación anterior, la cual las obligaba a informar a autoridades y familias los montos de las próximas matrícula, aranceles y cantidad de cuotas, que regirían el ciclo lectivo siguiente.
Así, la medida de la administración mileísta implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación.
Según los fundamentos oficiales, la norma derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”.
Además, el texto se argumenta que el régimen vigente respondía a una época en la que la educación estaba bajo administración nacional y que, con el traspaso de competencias a las provincias, era necesario “revisar el marco normativo existente” para promover “un entorno más propicio” para la gestión de los establecimientos privados.
Fuente: 0221