Organizaciones de usuarios denuncian que la modificación del sistema de lectura y facturación de bimestral a mensual, tanto en Edenor como Edesur, generó "boletas inesperadas". Reclaman que debió haberse puesto en consideración de los ciudadanos
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispuso un giro total en el esquema de facturación para millones de usuarios residenciales (Tarifa 1) de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyendo a los rodriguenses. Desde la publicación de la Resolución 730/2025 en noviembre, el sistema de lectura y cobro, que históricamente era bimestral, pasó a ser obligatorio y estrictamente mensual.
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Este cambio reglamentario ha encendido las alarmas y ha provocado un creciente malestar entre los consumidores, afectando a cerca de cinco millones de hogares.
El nuevo esquema elimina el formato vigente desde 2016, el cual dividía el consumo de dos meses en dos facturas mensuales, un mecanismo que, según el organismo regulador, generaba "confusión" y un "desfase temporal" entre el consumo real y el monto cobrado.
El ENRE argumentó que la migración a la facturación mensual tiene como objetivo principal brindar una "mayor claridad y previsibilidad" y una "señal más clara y oportuna" del uso de energía. Según el regulador, reflejar el consumo exacto cada mes permitirá a los usuarios un mejor seguimiento de su economía y de sus hábitos de consumo.
Las empresas distribuidoras, por su parte, habrían solicitado el cambio, alegando que la medición mensual en los medidores "permite achicar el tiempo entre la detección del consumo en los hogares y el momento en que reciben la boleta".
"Facturas inexplicables"
Pese a las promesas de claridad, las organizaciones de defensa de usuarios, como Deuco, denuncian que la implementación ha sido "francamente negativa". El presidente de Deuco, Pedro Busetti, señaló que los usuarios están recibiendo "facturas con importes muy altos" o "cifras importantes que oscilan, de acuerdo a lo que hemos recibido, entre 10.000 y 87.000 pesos, sin saber a qué corresponde".
Uno de los puntos más cuestionados es la opacidad en torno al ítem de transición. Las boletas incluyen un concepto llamado “Ajuste Migratorio Mensual”. Busetti criticó que "no se da ningún tipo de explicación previa sobre por qué se modificó el sistema, cómo se aplica, qué es lo que se está cobrando en esos montos que aparecen en la factura".
La Comisión de Usuarios Residenciales del ENRE, que agrupa a 22 organizaciones, ha cuestionado el procedimiento adoptado por el ente regulador. Pedro Busetti fue contundente: "no se ha respetado el marco regulatorio para dictar esta medida".
Las organizaciones alegan que el regulador actuó "en conjunto con las distribuidoras sin informar adecuadamente a los usuarios". El marco regulatorio, según los defensores, exige que "cuando ocurre una modificación que tiene estas consecuencias debe convocarse a audiencia pública y nada de esto sucedió".
Además, existe un riesgo concreto advertido por la comisión de usuarios: que "dentro de un mismo mes, los usuarios se vean obligados al pago de dos facturas, lo que evidentemente configura un perjuicio para los usuarios, por la superposición de pagos del servicio".
Exigencias y límites a las distribuidoras
Para mitigar el impacto de la transición, la Resolución 730/2025 impone varias obligaciones estrictas a Edenor y Edesur:
1-Planes de pago sin interés: las distribuidoras deberán ofrecer planes de pago sin interés por los ajustes derivados de la migración.
2-División de saldos: los saldos remanentes no podrán tener anticipos ni recargos y deberán dividirse, como mínimo, en dos facturas consecutivas, identificadas claramente bajo la leyenda “Ajuste migración mensual”.
3-Prohibición de cortes: el organismo regulador prohibió expresamente a las empresas aplicar sanciones o cortes de suministro por falta de pago durante este período, instruyéndolas a "abstenerse de implementar acciones de morosidad y corte" vinculadas con la modificación del sistema de facturación.
4-Comunicación y costos: las compañías tienen la obligación de implementar un plan de comunicación "claro y comprensible" para informar la nueva metodología. Además, el ENRE advirtió que los costos operativos adicionales correrán por cuenta de las distribuidoras: "La autorización no implica reconocimiento en tarifa de mayores gastos", según el artículo 13 de la resolución.
Finalmente, es crucial señalar que la implementación de este nuevo sistema de facturación coincide con un contexto de aumentos tarifarios generales. A partir de noviembre, las facturas de luz y gas sufrieron una suba promedio del 3,8%, justificada por la Secretaría de Energía de la Nación debido al encarecimiento del dólar y a los costos de distribución y transporte. El ENRE también rechazó la solicitud de las distribuidoras para quedar exentas de sanciones por facturación estimada, recordándoles la obligación de cumplir con la lectura real de los medidores.
Fuente: Diario Popular
