El testimonio que revive el desastre ambiental de Sigma en Mercedes: qué podría pasar en Gral Rodríguez

Durante la última emisión de Contame La Posta (La Posta TV), fue entrevistado un productor rural de la localidad de Mercedes que vive en el paraje rural La Verde, cerca del predio en donde se produjo, en octubre de 2019, el mayor desastre ambiental de la provincia de Buenos Aires.

En General Rodríguez sigue poniéndose en discusión la posible habilitación a Cono Sur Americana S.R.L. para la producción de agroquímicos en nuestra ciudad. De hecho, el Gobierno bonaerense realizó una consulta pública al respecto. Pero detrás de Cono Sur Americana S.R.L. hay algo aún más profundo detrás: esta firma es subsidiaria de Sigma Agro, la misma que en octubre de 2019 provocó en el partido de Mercedes el mayor desastrre ambiental de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Martín Barros, productor rural mercedino, pasó por Contame La Posta (La Posta TV) y relató cómo vivió en primera persona lo ocurrido con Sigma en 2019, teniendo en cuenta que él vive en el paraje rural La Verde, a pocos kilómetros del predio del desastre.

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En una más que jugosa entrevista, Barros repasó cómo se vivieron aquellas horas críticas y las consecuencias que aún hoy siguen sin respuestas claras por parte del Estado. “Lo que ocurrió en aquel momento fue grave y hubo que empujar mucho para, por lo menos, lograr que no se reinstale la empresa en el predio”, aseguró.

La Verde no es una localidad ni un asentamiento urbano: se trata de una estación ferroviaria rodeada de campos, una escuela rural y el predio donde funcionaba la empresa química Sigma. Según explicó Barros, la firma manejaba un discurso confuso: “Iban un poco a Gral. Rodríguez, seguían trabajando allá mientras reacomodaban todo acá en Mercedes y luego volvían. Incluso planteaban aumentar muchísimo la capacidad de producción en La Verde”. Todo ocurría en un contexto de extrema incertidumbre para los vecinos, hasta que, ante la falta de respuestas oficiales, el propio productor decidió auto-evacuarse.

La investigación posterior terminó de destapar un escenario aún más preocupante: Sigma no contaba con habilitación municipal ni autorización provincial del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Es decir, operaba como una empresa química ilegal. Sin embargo, el mismo organismo que debía clausurarla terminó aplicándole multas. “¿Cómo pueden multar algo que no está habilitado?”, se preguntó Barros, dejando en evidencia las contradicciones del sistema de control. Ante el escándalo, “a la OPDS no le quedó otra que decir: ‘Algo tengo que hacer’”, relató.

El avance judicial estuvo marcado por la lentitud y decisiones controvertidas. Barros recordó que la Justicia nunca investigó la responsabilidad de funcionarios municipales ni provinciales, y que en 2024 la Fiscalía incluso llevó la causa a archivo bajo el argumento de que “no había delito”. Finalmente, la pesquisa volvió a tomar fuerza y la causa fue elevada a juicio oral, a la espera de la fecha para conocer qué tribunal intervendrá.

En su análisis, el productor fue más allá del caso puntual y apuntó contra el modelo de funcionamiento de empresas químicas de alta peligrosidad: “Las firmas de categoría 3 son un desastre donde se instalan. Son muy mafia, porque su negocio es comportarse muy mal ambientalmente: hacerlo bien es extremadamente caro. Hay que cambiar la legislación y la lógica empresarial, no puede ser que la rentabilidad se base en externalidades”. También reveló que detrás de Sigma habría capitales chinos vinculados al reacondicionamiento de agrotóxicos.

Finalmente, Barros advirtió que la tragedia no fue aún mayor por una cuestión demográfica: “Esto no fue una tragedia increíble porque acá la densidad de población es bajísima. No me quiero imaginar algo similar con la densidad de Gral.Rodríguez. De otro cantar estaríamos hablando”. Un mensaje que vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de controles estrictos y decisiones judiciales firmes para evitar que hechos como el de Sigma se repitan.