En Contame La Posta (La Posta TV) se realizó una detallada investigación que saca a la luz las operaciones de la empresa vinculada al peor desastre ambiental de la provincia a través de su subsidiaria, con sede en General Rodríguez
General Rodríguez se encuentra bajo la lupa ambiental tras la exposición de una investigación detallada en "Contame La Posta" (La Posta TV) que desentraña una verdadera estructura corporativa y las operaciones de Sigma Agro, la empresa vinculada al peor desastre ecológico de la provincia de Buenos Aires. La firma, que busca obtener su Certificado de Aptitud Ambiental a través de su subsidiaria Conosur Americana S.R.L. en el polo industrial Cina Cina, opera bajo un patrón de comportamiento que minimiza el riesgo y evade la responsabilidad.
Mirá el informe completo en video, acá:
El análisis reveló que Conosur Americana S.R.L. (General Rodríguez) no es más que una fachada operativa de la polémica Sigma Agro. Hoy, esta empresa ha absorbido casi la totalidad de la producción de Sigma. Dentro de las instalaciones de Conosur, más de dos tercios de los empleados trabajan para Sigma y son pagados directamente por ella, quedando solo un puñado de operarios dedicados a los viejos productos domisanitarios históricos de esta industria del barrio Cina Cina.
Grupo Arcas: el conglomerado detrás de Conosur
La red empresarial es mucho más amplia de lo que se presentaba. Todas estas firmas, incluyendo a Conosur; Cabaña Verde (donde comenzó el desastre el 27/9/2019, en Mercedes, donde habría animales y siembra en el predio contaminado, sin reparación alguna); a Logística TAU; a la compañía Gran Agro en Brandsen y, a las empresas de biotecnología Alpha y Betta, conforman el Grupo Arcas.
Un dato crucial de la investigación es la conexión directa de los responsables del desastre de Mercedes con las operaciones actuales. Sigma Agro, que era propiedad de Gustavo Ruffa (uno de los directivos imputados por la tragedia de 2019), ahora trascendió que figuraría a nombre de Sandra Mónica Rojas, esposa de Ruffa y de Ignacio Bakaitis. Se sugiere que Ruffa estaría manejando la empresa a distancia, posiblemente debido a su procesamiento judicial. Esta estrategia corporativa busca evadir el escrutinio público asociado al nombre Sigma.
Nuevos incidentes y riesgos operacionales
Lejos de aislarse al desastre de Mercedes y al camión incendiado en Ituzaingó el 22/2/2023 (choque y derrame tóxico en Autopista del Oeste, que tomó relevancia a nivel nacional y donde hubo al menos 50 afectados, incluso intervino la Policía Ecológica), la firma acumula un tercer incidente oculto: hace solo un mes, un camión de la misma empresa volcó en Luján, a la altura de Open Door, derramando cientos de recipientes peligrosos en la banquina el 12 de septiembre. Personal de Sigma se dirigió al lugar para recoger los productos vertidos, pero no trascendieron detalles sobre la remediación del sitio ni el impacto ambiental causado.
En General Rodríguez, la magnitud del riesgo se traduce en cifras: la planta de Conosur recibe entre 25 a 40 camiones diarios, movilizando un volumen inmenso de agrotóxicos. Se reporta que el predio de Conosur supuestamente carece de una red de incendios (un sistema de tuberías necesario para emergencias con químicos), dependiendo únicamente de extintores, una medida insuficiente para la naturaleza altamente corrosiva e inflamable de los productos almacenados.
Los empleados, que trabajan bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, están expuestos a riesgos diarios. Se constató que los sueldos son bastante bajos para el riesgo que afrontan, apenas superando el millón de pesos, un monto que no compensa el peligro de manejar sustancias como el Paraquat, un químico fuertemente corrosivo que puede quemar la piel y dejar un campo inerte por más de tres meses. Los propios trabajadores, en un indicio de la toxicidad del ambiente, evitan bañarse en las instalaciones debido a que el agua de pozo es percibida como insegura.
La imagen de la Sustentabilidad
Pese a los antecedentes, Sigma Agro se presenta en eventos como Expo Agro bajo una espectacular fachada de marketing, centrándose en la "sustentabilidad" y la "Patria". Sin embargo, esta imagen contrasta con el modelo de negocio expuesto: en el año posterior a la tragedia de Mercedes, la empresa incrementó sus ventas en más de 20 millones de dólares, mientras que la multa judicial impuesta fue de solo 75.000 dólares.
Los testimonios que siguen generando alerta
Martín Barros, productor rural que vive en el paraje La Verde, cerca del predio donde ocurrió el desastre, en Mercedes, relató en el streaming de este medio las dramáticas consecuencias del episodio de 2019, que dejó un operario muerto (Rubén Ponce) y un millón de litros de veneno derramados. Y enfatizó la negligencia de la empresa y la lentitud judicial.
“Lo que ocurrió en aquel momento fue grave y hubo que empujar mucho para, por lo menos, lograr que no se reinstale la empresa en el predio”, destacó en diálogo con CLP.
Sobre la ilegalidad operativa de la firma, Barros sentenció: “las firmas de categoría 3 son un desastre donde se instalan. Son muy mafia, porque su negocio es comportarse muy mal ambientalmente: hacerlo bien es extremadamente caro”.
Además, Barros advirtió sobre las consecuencias si un evento similar ocurriera en General Rodríguez, dada su mayor densidad poblacional: “esto no fue una tragedia increíble porque acá la densidad de población es bajísima. No me quiero imaginar algo similar con la densidad de General Rodríguez. De otro cantar estaríamos hablando”.
Foto: Ilustrativa
La advertencia del activista ambiental Del Prado
Rodolfo Arturo del Prado, activista local, conductor del ciclo Reciclando Ideas y miembro de la Comisión que elaboró el flamante Código Ambiental de Gral. Rodríguez, manifestó su profunda preocupación por la falta de preparación del distrito ante un desastre de magnitud y la ambición de la empresa de Categoría 3.
En entrevista con Contame La Posta, Del Prado fue categórico sobre la compañía: “esta empresa no debería existir más. Recordemos que murió una persona en Mercedes a raíz de la imprudencia de esta firma, sumado al daño ambiental que generó y que hasta el día de hoy no fue remediado”.
Al analizar la capacidad de respuesta del Municipio, sostuvo que "General Rodríguez no está preparado para afrontar desastres ambientales de esta envergadura".
Apeló a la voluntad política: “espero que las autoridades reflexionen, recapaciten y utilicen el nuevo Código Ambiental como un ejemplo para la sociedad, desestimando esta posibilidad. Sería un buen ejemplo”.
La "Controversial" Consulta Pública provincial
El proceso de consulta pública, llevado a cabo por el Ministerio de Ambiente provincial para otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a Conosur, estuvo plagado de irregularidades.
Aunque el período de consulta se extendía por diez días, la plataforma digital del Ministerio solo permitió dejar comentarios y preguntas durante los últimos tres días debido a fallas técnicas.
Los vecinos que intentaron participar debieron enfrentarse a un requisito controversial: la plataforma solicitaba una foto del Documento Nacional de Identidad (DNI) para dejar una opinión, lo cual desalentó la participación anónima. Como resultado, solo se recibieron 16 consultas, siendo la mayoría de ellas de rechazo al permiso solicitado.
Arturo del Prado denunció estas fallas, señalando que "La dificultad que hemos tenido para enviar las preguntas fue enorme. Recién en los últimos tres días, de diez, la página funcionó y permitió aceptar la documentación". A pesar de ser un requisito legal, se ha expresado pesimismo sobre la efectividad de la consulta para modificar la decisión del Gobierno provincial.
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