El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) ha manifestado un profundo rechazo ante el nuevo aumento en las tarifas de peaje autorizado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La medida, que entró en vigencia este sábado 3 de enero, contempla incrementos de entre el 7% y el 10% en la Autopista Buenos Aires – La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico (Rutas 2, 11 y conexas)
Desde la entidad calificaron este ajuste como "ilegal, abusivo, injustificado e irresponsable", denunciando que se trata de una medida puramente recaudatoria destinada a beneficiar a la empresa concesionaria estatal AUBASA. Según el CONADUV, el aumento busca cubrir el déficit de esta estructura que describen como "burocrática, innecesaria y costosa".
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la desproporción de los valores en comparación con otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires. El informe técnico de la entidad revela que los usuarios de la provincia de Buenos Aires pagan tarifas significativamente superiores a las de jurisdicción nacional.
En lo que respecta a la tarifa para automóviles en hora pico, el costo por kilómetro en la Autopista Buenos Aires–La Plata asciende a 93 pesos, lo que representa más del triple de lo que se abona en el Acceso Oeste, donde el valor es de 30 pesos por kilómetro. La comparación es aún más drástica frente al Acceso Norte, que apenas alcanza los $14 por kilómetro.
En valores nominales para hora pico, mientras un conductor en el Acceso Oeste paga 1.800 pesos,aquel que transita por la Autopista a La Plata debe desembolsar 5.400 pesos. Para el transporte de carga (camiones de más de 6 ejes), la brecha es abismal: el peaje en el Acceso Oeste cuesta 8.400 pesos, mientras que en la autopista gestionada por AUBASA se dispara a 32.000 pesos.
El "falso peaje" y su impacto económico
El CONADUV sostiene que este sistema se ha transformado en un "falso peaje o impuesto al tránsito", convirtiendo las estaciones de cobro en una "verdadera caja política". Denuncian que la recaudación no se vuelca en mejoras reales para los caminos, sino que se diluye en el "fenomenal costo operativo" de la empresa concesionaria.
Para graficar el impacto en el bolsillo, la entidad presentó ejemplos del gasto anual para usuarios frecuentes:
• Automóvil (CABA – La Plata): Un trabajador que viaje 25 días al mes en hora pico gastará $3.240.000 al año solo en peajes.
• Camión (+6 ejes a Mar del Plata): Con 20 viajes mensuales, el costo anual asciende a la exorbitante cifra de $48.860.000.
Falta de marco regulatorio y constitucionalidad
El reclamo también tiene un fuerte componente legal. El Comité advierte que el régimen es inconstitucional debido a la falta de caminos alternativos libres de pago y a la existencia de una doble imposición. Asimismo, critican que, tras años de concesiones, nunca se ha creado un Marco Regulatorio - Ente Regulador que permita la participación de los usuarios directos e indirectos.
"Los derechos de los usuarios viales siguen siendo pisoteados y vulnerados", afirmaron desde el Comité, subrayando que este aumento afectará automáticamente los costos de transporte y, por consiguiente, todos los precios de la economía en un contexto de crisis económica.
