A diez años de uno de los operativos policiales más recordados del país, Martín Franco, peón rural que trabajaba en una arrocera de Cayastá (Santa Fe) en enero de 2016, denunció que nunca cobró la recompensa millonaria que habían prometido a quienes aportaran datos decisivos para capturar a los prófugos del triple crimen de General Rodríguez
A una década de una de las persecuciones más cinematográficas y tensas de la historia argentina reciente, la figura de Martín Franco emerge no como la de un héroe recompensado, sino como la de un hombre marcado por la desilusión y la precariedad. Este peón rural, que en enero de 2016 trabajaba en una arrocera en la zona de Cayastá, Santa Fe, fue el eslabón clave para que las fuerzas de seguridad lograran recapturar a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y a Víctor Schillaci, autores del triple crimen de General Rodríguez. Sin embargo, el compromiso asumido por las autoridades de la provincia de Buenos Aires de otorgar una recompensa de dos millones de pesos por información fehaciente se desvaneció entre trámites y silencios.
El raid de los prófugos, que se habían escapado del penal de General Alvear el 27 de diciembre de 2015, llegó a su fin en un paisaje de campos inundados y caminos rurales casi intransitables a unos 100 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Tras días de tiroteos, robos de vehículos y una huida que pretendía terminar en Paraguay vía helicóptero, el cerco se cerró el 11 de enero de 2016.
Franco recuerda con claridad que su intervención fue lo que permitió a la policía de Santa Fe concretar la detención final en la arrocera donde él cumplía sus tareas. “Todos me decían que me correspondía, porque donde yo trabajaba fue el último lugar de la fuga. Fui yo quien alertó a la policía”, relató el trabajador en diálogo con La Nación. A pesar de la contundencia de su aporte, el reconocimiento económico nunca llegó.
La frustración de Franco se fundamenta en una década de gestiones infructuosas ante diversas dependencias oficiales. Según su testimonio, cumplió con todos los requisitos formales exigidos para reclamar el dinero, pero la respuesta siempre fue el vacío administrativo. Su conclusión sobre la veracidad del ofrecimiento estatal es amarga y directa: “creo que la recompensa fue un verso. Según tengo entendido, ninguno de los hombres que viven en la zona pudo cobrar algo de esa recompensa”.
El trabajador rural sostiene que no fue el único ignorado, ya que otros vecinos y compañeros que también brindaron detalles cruciales durante los días de la persecución habrían corrido la misma suerte, quedándose sin percibir un solo peso de lo anunciado.
Realidad actual y precariedad laboral
Mientras los Lanatta y Schillaci acumulaban condenas judiciales que incluyeron penas por evasión, toma de rehenes y enfrentamientos armados, la vida de Franco tomó un rumbo descendente en lo económico. A sus 44 años, reside en la localidad de Helvecia junto a su pareja y sus dos hijos, subsistiendo mediante trabajos temporales.
Tras ser despedido de la arrocera donde ocurrió la captura, su estabilidad laboral se volvió una meta inalcanzable. Actualmente se desempeña como jornalero, tratando de cubrir las necesidades básicas de su hogar día tras día. La recompensa, que en su momento representaba una suma millonaria, hoy es vista como una oportunidad perdida para cambiar su realidad: “no puedo conseguir un trabajo fijo, que sería lo más conveniente para despegar de esta situación”, lamentó con resignación.
Diez años después, la sensación de injusticia persiste. Para el Estado y la memoria colectiva, el caso se cerró con juicios y sentencias; para Martín Franco, el hombre que dio el aviso final, la historia permanece abierta como una promesa estatal que, en sus propias palabras, nunca dejó de ser una ficción.
Fuente: La Nación