Lograron frenar las fumigaciones con agrotóxicos en dos barrios rodriguenses: cuáles y qué fue lo que pasó
La Justicia (a través del Juzgado Contencioso Administrativo de La Matanza) ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con agrotóxicos en los barrios Altos del Oeste y San Carlos tras un amparo de la ONG Naturaleza de Derechos. El fallo protege la salud de los vecinos y escuelas de la zona ante el incumplimiento de las distancias de exclusión
En un fallo histórico para la salud pública y el medio ambiente de la región, el Juzgado Contencioso Administrativo de La Matanza dictó recientemente una medida cautelar que ordena el cese inmediato de la aplicación de agrotóxicos en terrenos linderos a zonas residenciales de General Rodríguez.
La decisión judicial se produjo en plena feria de verano, un período donde habitualmente la burocracia ralentiza los procesos, pero que en este caso priorizó el principio precautorio ante la inminencia del daño ambiental y sanitario. El tribunal subrayó que la protección de los niños y los sectores vulnerables no debe verse obstaculizada por recesos administrativos, especialmente cuando se denuncia una vulneración directa a la convivencia y la salud.

Esta resolución es la culminación de un arduo camino legal iniciado a principios de enero de 2026 por la ONG Naturaleza de Derechos. El pedido de amparo original surgió tras la desesperación de los vecinos de los barrios Altos del Oeste y San Carlos, quienes reportaron aplicaciones constantes de químicos a escasos metros de sus hogares. El proceso no fue sencillo: inicialmente, un juez de Morón rechazó habilitar la feria judicial alegando que la urgencia era "conjetural". Sin embargo, tras una apelación el 7 de enero, la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín revirtió esta postura, recordando que la demora en la justicia ambiental solo consolida el daño irreversible.
Los motivos detrás del reclamo son alarmantes y se centran en la actividad de maquinaria terrestre (conocida como "mosquitos") en parcelas situadas entre la Avenida del Oeste y la calle Sandoval. Según la denuncia, las fumigaciones se realizaban violando la Ordenanza Municipal 5163/2022, que establece una zona de exclusión de 1095 metros para cualquier pulverización terrestre respecto de viviendas y centros sensibles. Los habitantes de la zona describieron síntomas como irritación en la piel, ojos y vías respiratorias, además de un persistente sabor desagradable en la boca.
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La preocupación se agrava al considerar que a pocos metros funcionan un Jardín de Infantes y un Centro de Atención Primaria, y que la población local depende de perforaciones domiciliarias para obtener agua, lo que genera un riesgo latente de contaminación de napas con sustancias como el glifosato.

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Por otro lado, este avance judicial pone de manifiesto la ineficacia de las políticas locales denunciada por la Asamblea Ambiental de General Rodríguez. Bajo el lema "Diciembre fumigado", la organización vecinal criticó duramente el nuevo Código Ambiental municipal, aprobado en noviembre de 2025. Los ambientalistas sostienen que dicha normativa fue elaborada "a espaldas de los vecinos" y funciona como una herramienta superficial que no impide el avance del agronegocio.
El amparo de la ONG no solo busca el freno de los "mosquitos", sino que exige que el Municipio ejerza su poder de policía, aplique sanciones y realice estudios integrales de agua para garantizar que el modelo productivo no siga comprometiendo la vida en los barrios periféricos.
Fuente: RedEco / Ladran Sancho


