Tras días de incertidumbre, hubo una decisión definitiva sobre el paro de colectivos: qué se resolvió

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias se reunieron en la Secretaría de Trabajo este viernes por la mañana y llegaron a un acuerdo en la paritaria de choferes de colectivo. De esta manera, no habrá paro de colectivos en el AMBA

Este viernes, la amenaza de un paro de colectivos quedó desactivada luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) alcanzara un acuerdo salarial con las cámaras empresariales del transporte de pasajeros, en un entendimiento que garantiza una recomposición de haberes para los choferes y evita la interrupción del servicio, en el marco de un compromiso asumido por el Ministerio de Economía para cubrir el impacto del aumento, lo que permitió destrabar una negociación que se encontraba en un punto crítico.

El acuerdo, que será homologado en las próximas horas, establece incrementos escalonados del salario básico y contempla además el pago de sumas fijas no remunerativas, un esquema que fue aceptado por las empresas a partir de la garantía oficial de incorporar la totalidad de los fondos necesarios para afrontar la suba, según confirmaron fuentes vinculadas a la negociación, y que fue clave para desactivar la medida de fuerza que el gremio advirtió en los últimos días.

En concreto, el entendimiento fija una suba del 1,4% para enero y del 1,3% tanto para febrero como para marzo, porcentajes que, acumulados, llevarán el salario básico de los choferes a $1.545.278,25 en abril, mientras que en enero el haber básico se ubicará en $1.389.180, en febrero alcanzará los $1.407.239,34 y en marzo trepará a $1.425.533,45, de acuerdo con lo pactado entre las partes.

A estos incrementos se suman pagos no remunerativos acordados como parte del esquema transitorio, con una suma fija de $100.000 para enero, otros $100.000 correspondientes a febrero y un monto de $120.000 para marzo, cifras que fueron incorporadas para reforzar el ingreso de los choferes de colectivos durante el primer trimestre del año, y acompañar la evolución de los salarios en un contexto de negociación ajustada.

En tanto, el acuerdo entre la UTA y las cámaras empresarias también incluyó una actualización de los viáticos, que forman parte central del ingreso mensual de los choferes, y que se fijaron en $360.000 para enero, $384.000 en febrero, $408.000 en marzo y $456.000 en abril, un esquema que completa la recomposición acordada y que fue determinante para que el gremio aceptara suspender el paro previsto.

De esta manera, el entendimiento permitió evitar un paro de colectivos que amenazaba con afectar el transporte público de pasajeros, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un escenario de alta sensibilidad social y económica, donde la continuidad del servicio aparece como una prioridad tanto para el Gobierno como para las empresas y los usuarios.

Subsidios en "stand by" 

En paralelo al cierre del acuerdo salarial, la Secretaría de Transporte avanzó con una decisión que volvió a poner en foco el sistema de subsidios al sector, al disponer la retención de compensaciones económicas a empresas de colectivos urbanas en las que se detectaron irregularidades, una medida confirmada tras una reunión con las principales cámaras empresarias del AMBA, que se enmarca en una serie de controles sobre el mecanismo de asistencia estatal.

Las denuncias que dieron origen a esta decisión involucran al grupo La Nueva Metropol, señalado por otras compañías por presuntas maniobras en la asignación de boletos con el objetivo de incrementar los subsidios percibidos, una situación que derivó en la apertura de una auditoría integral sobre el sistema, en un contexto en el que los subsidios constituyen un punto de conflicto recurrente en cada discusión paritaria.

Es que, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) suelen advertir sobre la compleja situación económica, financiera y operativa del sector, agravada por la ausencia de un marco financiero estable y la reducción de la asistencia pública, factores que, sostienen, limitan la posibilidad de otorgar recomposiciones salariales sin apoyo del Estado o cambios en la estructura de costos.

Fuente: Página 12