María Méndez y Marina Sánchez, trabajadoras del CAPS Nº 20 de barrio Pico Rojo, denunciaron a una compañera por violencia laboral y amenazas. Aseguran que presentaron pruebas, pidieron una perimetral y cuestionan la respuesta de autoridades y gremios.
María Méndez y Marina Sánchez, las dos empleadas municipales del área de Salud de General Rodríguez que denunciaron haber sufrido agresiones y amenazas por parte de su compañera Carolina Godoy en el CAPS Nº 20 del barrio Pico Rojo, rompieron el silencio con La Posta! Noticias. Tras haber realizado la denuncia penal, ahora reclaman medidas de protección y resoluciones administrativas.
Méndez es enfermera y trabaja en el Municipio desde hace cinco años; Sánchez se desempeña en el área administrativa del mismo centro de salud.
En diálogo con este medio, ambas describieron el episodio denunciado y el contexto previo de conflictos con Godoy. “Fuimos agredidas”, afirmó Méndez. “Sufrimos violencia por parte de una compañera municipal”, agregó Sánchez.
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Según relataron, el conflicto se produjo el pasado 9 de enero cuando fueron a buscar una silla dentro del establecimiento, en el sector de farmacia. A partir de allí -sostienen- se desencadenó la situación que luego derivó en la denuncia penal contra Godoy.
Así lo recordaron: “Estábamos hablando de nuestros temas. Fuimos a buscar una silla en la farmacia y ahí empezó todo el conflicto de que no podíamos entrar al sector donde estaba ella (Godoy). Ella le había dicho a nuestros superiores (el secretario de Salud Pública Gustavo Tummino; en el área de administración la superior es Analía Alasi, directora de la Secretaría de Salud Pública) que no quería trabajar más con nosotros y él le dijo que no era su decisión”.
Méndez confirmó que la presentación judicial ya fue realizada y que buscan ampliar medidas de protección. “Tenemos la denuncia penal realizada en la Comisaría Segunda Las Malvinas. Fuimos a la UFI Nº 9 y no nos quieren tomar una ampliación por la cautelar. Tenemos miedo”, expresó. Y agregó: “Vamos a luchar hasta que nos amplíen la denuncia para que nos den una perimetral. Queremos que actúen y que se haga justicia”.
Las trabajadoras señalaron que, tras el episodio, fueron apartadas del lugar de trabajo mientras -según marcaron hasta debieron tomarse vacaciones anticipadas- la persona acusada continúa en funciones. También cuestionaron la respuesta de las áreas superiores y de los gremios.
“Quisimos comunicarnos con los sindicatos y no fuimos escuchadas”, sostuvieron. Ambas indicaron que están afiliadas al STM (Sindicato de Trabajadores Municipales) y a la ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). Cabe remarcar que Godoy, según las denunciantes, es delegada de ATE
Seguidamente, Sánchez afirmó: “Lo más grave de todo esto es que estamos siendo calumniadas. Están siendo manchados nuestros nombres con mentiras, como que veíamos historias de los pacientes. Son acusaciones graves, de que se robaron remedios, etcétera. Es algo grave y fuimos apartadas de nuestro lugar de trabajo desde el dia de la agresión y esta persona está cómodamente trabajando en el mismo lugar como si nada hubiera pasado y nos dicen que no puede ser apartada porque es delegada de ATE, un sindicato que se supone que tiene que defender al trabajador”.
Méndez agregó: “Ella está diciendo que no soy enfermera. Ella piensa que como soy auxiliar en enfermería, mi matricula no vale, pero aclaro que estoy esperando mi título de profesional. Mi matrícula es válida y la avala el Ministerio de Salud”.
Las entrevistadas aseguraron que existían conflictos previos y que habían planteado la situación ante superiores. También describieron un clima de temor posterior al hecho. “Estábamos atemorizadas, nos callábamos porque ella tenía poder”, dijo Méndez. “Nos sacaron del lugar por resguardo, pero hoy sentimos que la están cuidando más a ella”, agregó.
Sobre la situación actual, concluyeron: “Estamos asustadas porque después de esto ya no somos las mismas”.
Por último, consultadas sobre si pudieron hablar con alguna autoridad municipal, además de Tummino y Alasi, remarcaron: “Tratamos de ir al Municipio, donde se encuentra Fernando Díaz, en Asuntos Gremiales, y pudo ayudarnos a que se haga un expediente para que pueda verlo el Intendente (Mauro García). Hasta entonces, no tuvimos ninguna respuesta”.
Casi con resignación en su tono, Méndez puntualizó: “Ya doy descartado la posibilidad de hablar con el Intendente. Ya he intentado comunicarme y no obtuve respuesta. No voy a ir a golpear ninguna puerta más y no voy a permitir que nadie más me falte el respeto. Vamos a seguir luchando para que esto se haga visible y se haga justicia”.
“Vamos a luchar hasta que nos amplíen la denuncia para que nos den una perimetral. Queremos que actúen, que se haga lo que corresponda, que se haga justicia”, sentenció la empleada denunciante.
El caso se encuentra bajo análisis judicial y administrativo. La trabajadora acusada no brindó declaraciones públicas hasta el momento. Desde el área municipal correspondiente no hubo aún un pronunciamiento oficial sobre la denuncia.
