El presidente del bloque de diputados de Nuevos Aires presentó una iniciativa que apunta a proteger la salud mental y el desarrollo integral de niños y adolescentes, estableciendo obligaciones para las plataformas digitales. Otros países ya comenzaron a prohibirlas para esa franja etárea
En las últimas horas, el diputado bonaerense y presidente del bloque dialoguista Nuevos Aires, Gustavo Cuervo, ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 13 años en la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que apunta a establecer un límite etario para el registro de cuentas en plataformas digitales con el objetivo de proteger la salud mental de niños, niñas y adolescentes, en un contexto global de creciente preocupación por el impacto del uso de la digitalidad. Cabe aclarar que, no existe una norma de este tipo en Argentina.
El proyecto de Cuervo busca establecer una edad mínima de 13 años para el registro y mantenimiento de cuentas en plataformas de redes sociales, y aclara que no se admitirán excepciones por consentimiento parental o tutelar, ya que el diseño algorítmico de estas plataformas, orientado a maximizar la permanencia, no distingue entre audiencias adultas y menores, lo que expone de manera desproporcionada a quienes se encuentran en etapas clave de desarrollo emocional.
En tanto, uno de los ejes centrales de la iniciativa de Cuervo es que la responsabilidad recaiga exclusivamente en las empresas dueñas de las plataformas y no en las familias ni en los propios chicos, al señalar que “en ningún caso podrá penalizarse a los menores o sus padres por su uso indebido”, mientras que las compañías deberán implementar “medidas efectivas” para verificar la edad de los usuarios y evitar que quienes tienen menos de 13 años creen o mantengan cuentas.
En los fundamentos, el diputado de Nuevos Aires advierte sobre los riesgos asociados al uso temprano de redes sociales, al mencionar la exposición a contenidos inapropiados, el aumento de la ansiedad, los problemas de autoestima y las dificultades de concentración y rendimiento escolar, además de fenómenos como el grooming y otras formas de violencia digital, que encuentran en las plataformas un entorno propicio para el contacto, la manipulación emocional y el engaño.
En tanto, el proyecto de Cuervo se apoya en datos locales para justificar la regulación, como el estudio Kids Online Argentina realizado por UNICEF y UNESCO, que indica que el 95% de los chicos y chicas de entre 9 y 17 años tiene acceso a un celular con Internet, y que el primer contacto con un dispositivo inteligente se produce, en promedio, antes de los 10 años, un escenario que “requiere una respuesta normativa robusta”.
Un fenómeno global
En el plano internacional, varios gobiernos avanzaron en los últimos meses con regulaciones más estrictas sobre el acceso de menores a las redes sociales. En España, el presidente Pedro Sánchez anunció que su administración impulsará una normativa para prohibir el uso de plataformas digitales a menores de 16 años, al tiempo que exigirá a las empresas tecnológicas sistemas efectivos y obligatorios de verificación de edad. La medida se inscribe en una estrategia más amplia de control del entorno digital, que busca reducir el impacto negativo de las redes en la salud mental de niños y adolescentes.
Una de las experiencias más avanzadas es la de Australia, donde el Senado aprobó una ley que impide el acceso a redes sociales a menores de 16 años y establece fuertes sanciones económicas para las plataformas que incumplan la normativa, con multas millonarias para empresas como Facebook, Instagram o TikTok. En la misma línea, Francia dio luz verde a una iniciativa que restringe el uso de redes sociales a menores de 15 años y prohíbe el uso de teléfonos móviles en escuelas secundarias, mientras que Dinamarca anunció un proyecto para limitar el acceso a estas plataformas, con un esquema que permitiría su uso desde los 13 años solo con autorización parental. Estas decisiones reflejan una tendencia creciente en Europa y Oceanía hacia una mayor intervención estatal en la regulación del ecosistema digital infantil.
Fuente: ANDigital
