Un joven de 22 años que sufrió una fractura en su columna vertebral se ve en medio de una etapa burocrática compleja que no le permite realizarse una operación clave para mejorar su calidad de vida, con pedido de prótesis, organismos, ofertas, rechazos y otras vicisitudes en el medio. Mientras tanto, él espera no sin angustia a que alguien se decida.
El 30 de octubre de 2025, una caída desde cuatro metros de altura le provocó a Juan Manuel Manzur una fractura en su columna vertebral (específicamente en la vértebra L1 A3 N1), dejándolo con una pérdida parcial de movimiento en sus piernas y un dolor lumbar constante. Desde entonces, su recuperación no depende de su voluntad, sino de un complejo engranaje de expedientes, análisis técnicos, económicos y correos electrónicos que aún no logra destrabar la llegada de la fijación dorso-lumbar (los clavos y las barras de titanio) que necesita para volver a caminar con normalidad.
A pesar de que los médicos del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Vicente López y Planes de General Rodríguez catalogaron su situación como "urgente" hace meses, el pedido entró en terreno de las licitaciones públicas bajo el nombre técnico de "Procedimiento Abreviado 29/2026". Lo que para Juan Manuel es una necesidad vital, para el sistema administrativo se convirtió en una disputa de precios entre empresas.
El comienzo
Manzur ingresó al hospital vía shock room presentando paraparesia (debilidad motora parcial o leve-moderada de ambas extremidades inferiores) 4/5 proximal y distal, lumbalgia y dolor a la espino palpación positiva. Por lo que el Servicio de Neurocirugía estableció la necesidad crítica de material protésico para fijación inmediata a fin de evitar el agravamiento del cuadro neurológico.
El conflicto empezó en enero de 2026, cuando el proceso de compra se estancó por lo que en las autoridades llaman un "empate técnico". Dos empresas, Dispositivos Médicos SRL y Corpomedica, presentaron ofertas tan similares por los materiales de columna que el hospital tuvo que pedirles, vía correo electrónico, que "mejoraran" sus presupuestos para desempatar. Mientras los días pasaban, las firmas enviaban sus nuevas propuestas: una ofrecía el equipo por 2,65 millones de pesos y la otra por 2,7 millones.
Pero el freno definitivo llegó desde las oficinas de control en La Plata. La preadjudicación del material fue catalogada como "Rechazada Salvable". ¿Qué significa esto? Que el proceso está paralizado porque los revisores estatales detectaron irregularidades en cómo se eligió al ganador.
Entre las observaciones, señalaron que el precio de uno de los insumos (un sustituto óseo) era "excesivo" y cuestionaron el criterio del hospital de querer comprarle todo a un mismo proveedor para evitar demoras logísticas. Consideran que es necesario "rever los criterios" y "ampliar justificativos"; para Juan Manuel, estas frases se traducen en más semanas de espera en una cama de hospital.
En la actualidad
A la fecha, el expediente se encuentra en estado de: Preadjudicación Rechazada Salvable. Para que el Hospital pueda proseguir con el dictado del acto administrativo de adjudicación, la Comisión Asesora debe subsanar varias observaciones hechas por la Dirección de Desafectación:
Se cuestiona la aplicación del criterio de "Mejor Precio Global". En la administración pública, este criterio solo es válido si existe una interdependencia técnica o logística demostrable.
El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) no estipuló que la entrega de ambos insumos debiera ser efectuada por un único proveedor por razones de urgencia o logística quirúrgica. Por lo tanto, la preadjudicación conjunta carece de sustento legal previo.
Se observó que el desempate debió ajustarse estrictamente a las ofertas originales, evitando la validación de mejoras que no hubieran cumplido con el procedimiento formal de notificación de empate técnico inicial.
Se requiere una nueva evaluación de mercado o una justificación técnica exhaustiva que fundamente por qué el mejor precio ofrecido no debe considerarse oneroso para el erario público.
Conclusión
De acuerdo a allegados al paciente, desde el nosocomio les dicen que el Ministerio de Salud bonaerense aún no autoriza la compra, pero los familiares no dudan en afirmar que solo falta que el hospital acepte una de las ofertas. Además, les aclararon que Juan Manuel podría quedarse otros cuatro meses internado, porque vence la prórroga administrativa el 14 de febrero.
“Esta demora no es médica, es administrativa, y está afectando su salud física y emocional. Pedimos algo muy simple: que se destrabe el trámite y se haga la cirugía que ya fue indicada. No puede ser que una persona quede meses internada por papeles”, concluyeron los familiares.
Hoy, por una razón u otra, el expediente sigue dando vueltas por los despachos. Mientras discuten si una oferta es unos miles de pesos más cara que la otra, el reloj de la salud de un joven de 22 años -que está internado en el Hospital Vicente López hace tres meses- sigue avanzando, atrapado en un sistema donde los vaivenes de la burocracia parecen pesar más que la urgencia médica.
