El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad Javier Alonso se anticiparon a un posible reclamo salarial de la Policía bonaerense, y recordaron un tenso conflicto de 2020 que concluyó con más de mil despidos
En las últimas horas, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, reconoció la profundidad del problema salarial de la Policía bonaerense al afirmar que “los sueldos en la Argentina son una miseria hoy”. Asimismo, el funcionario de Axel Kicillof detalló que un oficial que recién inicia su carrera percibe alrededor de 1.050.000 pesos entre salario básico y adicionales, aunque admitió que “igual no alcanza”.
En ese marco, Alonso explicó que unos 30.000 efectivos realizan tareas de policía adicional para complementar ingresos, y que algunos recurren a trabajos en aplicaciones digitales, una práctica que el Ministerio regula para evitar faltas disciplinarias y preservar la imagen institucional.
No obstante, el funcionario de Kicillof vinculó el deterioro salarial con el contexto económico general y apuntó contra el Gobierno nacional por la caída de recursos, al sostener que en los últimos dos años la provincia de Buenos Aires perdió alrededor de 12 mil millones de dólares como consecuencia de la reducción de la coparticipación federal.
Aunque en territorio bonaerense no se registró un estallido similar al de Santa Fe, el malestar dentro de la fuerza permanece latente y se expresa en reclamos por aumentos salariales, actualización de horas extras, mejoras en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y una mayor atención a la salud mental, en un escenario atravesado por licencias psiquiátricas y una problemática persistente de suicidios en la fuerza.
Frente a ese cuadro, desde el Gobierno de Kicillof insistieron en que cualquier reclamo debe canalizarse por vías institucionales, y reiteraron que la línea roja es toda acción que deje sin servicio a la ciudadanía o condicione la seguridad pública, un mensaje que busca anticiparse a conflictos y marcar, desde ahora, los límites del debate.
En este contexto, el Gobierno de Kicillof envió una señal política preventiva ante eventuales reclamos de la Policía bonaerense, y advirtió que “no tolerará acciones que vulneren la ley ni pongan en riesgo la seguridad pública”, en un contexto marcado por el reciente conflicto salarial de la fuerza policial de Santa Fe que encendió alertas en la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, desde el área liderada por Javier Alonso recordaron el antecedente de septiembre de 2020, cuando más de 1.200 efectivos de la Policía bonaerense fueron desafectados o expulsados luego de una protesta considerada un acto de insubordinación, episodio que el oficialismo provincial mantiene como ejemplo de hasta dónde está dispuesto a llegar para preservar el orden institucional.
“Nadie está obligado a ser policía, pero quien lo es debe cumplir la ley. No se juega con la seguridad pública”, señalaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, al trazar una línea divisoria entre el derecho a expresar reclamos y cualquier acción que pueda afectar la prestación del servicio policial.
Por caso, en la provincia de Buenos Aires los números salariales muestran una brecha significativa. Según datos oficiales del sistema previsional policial, el piso del esquema salarial ronda los 950.000 pesos de bolsillo para los grados iniciales, aunque en actividad los ingresos pueden incrementarse mediante horas adicionales y suplementos.
Fuente: LaNoticiaWeb