Agrotóxicos en la mira: el caso de dos barrios rodriguenses se conecta con un juicio considerado histórico
El inicio de un juicio penal en la ciudad bonaerense de Pergamino marca un hito histórico al sentar en el banquillo a productores y funcionarios por la contaminación con agrotóxicos, rompiendo una larga tradición de impunidad en el corazón del agronegocio. Este proceso judicial resuena con fuerza en General Rodríguez, donde una reciente medida cautelar frenó las fumigaciones en los barrios Altos del Oeste y San Carlos para proteger la salud de los vecinos y el agua de consumo ante el incumplimiento de las distancias de exclusión
La provincia de Buenos Aires atraviesa un momento bisagra en su historia ambiental y judicial. El pasado 4 de febrero de 2026, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario dio inicio a un debate oral que es seguido de cerca por legisladores y ambientalistas de todo el país. Este proceso investiga el uso indebido de agrotóxicos en campos colindantes con el radio urbano de Pergamino, basándose en denuncias que comenzaron a gestarse en 2011.
La trascendencia de este juicio radica en que, por primera vez, se somete a juzgamiento a toda la cadena operativa del agronegocio: en el banquillo no solo se sientan siete productores agropecuarios, sino también dos exfuncionarios públicos municipales, acusados de omitir los controles obligatorios. Como señalaron las senadoras kirchneristas Laura Clark, María Rosa Martínez y Mónica Macha, el proceso busca romper con una “extendida tradición de impunidad” y analizar el modelo agroindustrial no solo como una política económica, sino como un problema de derechos humanos y salud pública. Casos como el de Sabrina Ortiz, quien perdió un embarazo y sufrió accidentes cerebrovasculares por intoxicación, personifican el dolor detrás de los números y los expedientes.
Esta "fisura en el blindaje institucional" que representa el caso de Pergamino tiene su correlato inmediato y urgente en General Rodríguez. Mientras en Rosario se juzga el pasado, en el Juzgado Contencioso Administrativo de La Matanza se dictó una medida cautelar para frenar un daño que los vecinos de los barrios Altos del Oeste y San Carlos denunciaban como inminente.
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En General Rodríguez, la desesperación de los habitantes se tradujo en una batalla legal contra las maquinarias terrestres, conocidas como "mosquitos", que operaban impunemente a escasos metros de viviendas, un jardín de infantes y un centro de salud. La Justicia ordenó el cese inmediato de las fumigaciones al comprobarse la violación de la Ordenanza Municipal 5163/2022, que exige una zona de exclusión de 1.095 metros. Los relatos de los vecinos son minuciosos y alarmantes: describen irritación persistente en ojos, piel y vías respiratorias, además de un característico y desagradable sabor metálico en la boca tras el paso de las máquinas.
La conexión entre ambos municipios es técnica y sistémica. El Consejo Profesional de Química bonaerense advirtió que lo que sucede en General Rodríguez y Pergamino evidencia un vacío legal peligroso. Según explicó Carlos H. Colángelo, presidente de la entidad, los riesgos son "multidimensionales" debido a fenómenos como la deriva (el desplazamiento del químico por viento) y la lixiviación, que permite que sustancias como el glifosato penetren en el suelo hasta contaminar las napas subterráneas. Esto es especialmente crítico en General Rodríguez, donde la mayoría de las familias dependen de perforaciones domiciliarias para obtener agua potable.
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En definitiva, el amparo logrado por la ONG Naturaleza de Derechos en General Rodríguez y el juicio histórico de Pergamino confluyen en un mismo reclamo: la necesidad de una legislación provincial unificada y controles efectivos. Como bien sostienen los especialistas, la normativa actual no desarrolla de forma exhaustiva una “evaluación integral de riesgos químicos y ambientales”, dejando la vida de los barrios periféricos a merced de una disparidad de criterios municipales que hoy la Justicia ha comenzado a cuestionar con firmeza.
Fuente: Diputados Bonaerenses