Vecinos denuncian intento de venta ilegal y un incendio intencional en un espacio público
Existe profunda preocupación de un importante grupo de vecinos del barrio La Capilla por la situación de un terreno fiscal donde en los últimos días, denunciaron, apareció una persona que se arrogó la potestad de vender parcelas; ante el temor de una presunta usurpación del espacio público, reunieron firmas y realizaron una denuncia penal colectiva para que intervenga la Justicia.
El malestar por la falta de diálogo y contestaciones violentas llegó a su ápice cuando los vecinos se unieron, comenzaron a juntar firmas (presentaron 5 hojas completas con más de 70 adhesiones) y avanzaron con la presentación ante la Justicia, solicitando una medida cautelar de “no innovar”.
Presentación conjunta
La presentación judicial es “contra individuos que intentan apropiarse ilegalmente de terrenos públicos”, explicaron. La demanda sostiene que estas parcelas son una reserva fiscal destinada “al uso comunitario” y no pueden ser vendidas por particulares.
Los denunciantes acusan a los sospechosos de delitos graves como “usurpación, estafa e incendio intencional”, este último afectando propiedades vecinas. Piden una medida cautelar para frenar “cualquier modificación en el predio” y exigen “una investigación exhaustiva” para preservar la integridad del espacio público y la seguridad de la comunidad.
Los datos de la causa son: Instrucción Penal Preparatoria 19-01-001566-26, que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1. La misma ingresó el 3 de marzo del corriente en la Mesa de Entradas de la sede del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.
La denuncia
A través de una denuncia penal, los vecinos, apoyados por la Asociación Civil Espacio Hábitat Sur, buscan proteger un predio que consideran vital para su comunidad.
El problema se centra en cuatro lotes ubicados en Fragata Céfiro y Fragata Malgón (también forman parte del predio las calles Figueroa Alcorta y Fragata La Argentina). Según los documentos oficiales y los planos catastrales presentados, estos terrenos no pertenecen a ningún particular, sino que son una “Reserva Fiscal”, es decir, tierras del Estado destinadas al uso de todos los ciudadanos.
Desde hace años, los propios vecinos se encargaron de mantener y de cuidar este lugar como un espacio verde recreativo. Sin embargo, la tranquilidad del barrio se rompió cuando una mujer, identificada como V., comenzó a presentarse como la supuesta dueña y a ofrecer los terrenos en venta a terceras personas. En una especie de amedrentamiento a quienes cuestionaban su autoridad, la mujer invocaba el nombre de su hija, quien supuestamente trabaja en una dependencia policial rodriguense. Estas manifestaciones no hicieron más que provocar temor e incertidumbre entre los vecinos.
Un incendio que colmó la paciencia
La tensión escaló el miércoles 18 de febrero de 2026. Según el relato de los denunciantes, dos hombres que dijeron ser policías y familiares de la supuesta dueña se presentaron en el lugar y prendieron fuego los pastizales.
Los hombres le habrían dicho al cuidador del predio de enfrente -quien advirtió el peligro- que no llamara a los Bomberos porque ellos "eran policías" y se retiraron mientras las llamas avanzaban.
El fuego terminó afectando la vivienda de una vecina lindera, llegando incluso a derretir parte de los caños de la instalación de agua. El problema no fue mayor gracias a que otra vecina llamó al Cuerpo bomberil de Gral. Rodríguez a tiempo.
¿Qué reclaman los vecinos?
Ante el temor por su integridad física y la posible pérdida del espacio público, los vecinos exigen a la Justicia:
Poner un freno a cualquier cambio: piden una medida urgente para que no se permita ocupar, vender, subdividir ni modificar los terrenos mientras se investiga el caso.
Protección policial: solicitan patrullajes constantes en la zona “para evitar nuevos actos de intimidación”.
Resguardo para los testigos: debido a que los denunciados aseguran tener vínculos con las fuerzas de seguridad, los vecinos piden “que se proteja la identidad de quienes declaren, para evitar represalias”.
Investigación penal: buscan que se determine la responsabilidad “por los delitos de intento de estafa, usurpación y el incendio provocado”.
La comunidad espera que la Justicia actúe “para devolver la paz al barrio” y asegurar que el parque siga siendo un lugar “de encuentro para todos”.
