La iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense propone prohibir el uso de dispositivos móviles e instalar inhibidores de señal en los penales. El objetivo es frenar la coordinación de delitos desde el interior de las unidades y revertir la medida excepcional vigente desde la pandemia
El senador bonaerense del PRO, Alex Campbell, presentó recientemente un proyecto de ley que busca prohibir de forma definitiva el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La propuesta legislativa no solo se limita a la restricción del dispositivo físico, sino que exige la instalación de inhibidores de señal en todos los establecimientos penitenciarios para bloquear de manera efectiva las comunicaciones telefónicas y el acceso a Internet.
El proyecto surge como una respuesta al diagnóstico de la oposición sobre la situación actual en las prisiones, a las que definen como "call centers del delito". Según Campbell, la falta de control sobre la tecnología permite que los internos, incluso aquellos con condenas por delitos graves como homicidios, continúen delinquiendo. "En las cárceles de la provincia los presos siguen delinquiendo desde adentro. Además de usar celulares para eso, hacen TikToks, vivos, asados, juegan a la play. Una vergüenza", fustigó el legislador al explicar los motivos de su iniciativa.
El origen de la controversia y las estadísticas
La discusión sobre la conectividad en los penales bonaerenses tiene su punto de partida en marzo de 2020. En aquel momento, debido al aislamiento por la pandemia de Covid-19 y la suspensión de las visitas presenciales, se habilitó el uso de celulares para que los internos mantuvieran el vínculo con sus familiares. Sin embargo, aunque la emergencia sanitaria finalizó, el uso de estos dispositivos se mantuvo en la práctica.
El impacto de esta medida es objeto de fuertes críticas basadas en datos oficiales. Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, las denuncias por estafas sufrieron un incremento del 77,7% entre 2020 y 2021, pasando de 15.711 a 27.919 casos. A esto se suman investigaciones judiciales recientes, como la de la denominada “Banda del Millón”, donde se detectó que los líderes organizaban robos violentos, coordinaban la compra de armas y realizaban videollamadas en tiempo real durante la ejecución de los hechos desde sus lugares de detención.
La iniciativa de Campbell contempla un esquema de seguridad integral que incluye:
-Inhibidores de señal: Bloqueo absoluto de señales de telefonía e Internet en los pabellones.
-Controles periódicos: Requisas exhaustivas en los pabellones y durante las visitas.
-Supervisión del personal: Vigilancia sobre los propios agentes penitenciarios para evitar el ingreso ilegal de dispositivos.
Esta "ofensiva opositora" cuenta con el respaldo de otras figuras legislativas, como las representantes de La Libertad Avanza, Analía Corvino y Florencia Arietto, quienes vienen reclamando medidas urgentes ante la evidencia de que el sistema de seguridad actual resulta insuficiente.
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof ha defendido la gestión de seguridad provincial, aunque ha centrado su discurso en la necesidad de mayores recursos, cuestionando los recortes de fondos por parte del Gobierno nacional que afectan la inversión en infraestructura y profesionalización de las fuerzas. El proyecto ahora deberá ser debatido en las comisiones de la Legislatura bonaerense, donde se analizarán sus alcances técnicos y su viabilidad frente a los marcos de derechos humanos vigentes.
