La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) emitió un duro comunicado y advirtió que los colegios privados de la provincia atraviesan una situación de alerta impulsada por la crisis económica que vive el país y potenciada por el atraso en el valor de las cuotas y la presión tributaria
El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires, que alcanza casi el 30% de la cobertura educativa y contiene a más de 1.3 millones de alumnos, atraviesa un escenario de creciente incertidumbre. A las dificultades financieras que vienen arrastrando muchas instituciones (marcadas por el atraso en la actualización de cuotas, el aumento de costos y la caída de la matrícula) se suma ahora una nueva preocupación: la presión impositiva que comienzan a aplicar algunos distritos y que podrían extenderse a otros municipios.
Uno de los casos que encendió la alarma en el sector es el de Pilar, donde el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 112/25 que aumenta el 100% la tasa de seguridad e higiene y establece una contribución obligatoria de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las pymes, categoría en la que también quedan encuadradas las escuelas privadas.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), explicó que esta medida puede provocar un fuerte impacto en las instituciones educativas, que suelen contar con planteles numerosos. “Una escuela privada es una pyme particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio tiene entre 60 y 120 personas trabajando como mínimo”, señaló.
Es que de acuerdo con estimaciones realizadas por las entidades que agrupan a los colegios privados, una institución de tamaño medio podría llegar a abonar entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales en concepto de tasas municipales si se aplicaran medidas como las adoptadas en Pilar, lo que implicaría un costo superior a los 20 millones de pesos anuales.
Frente a ese escenario, desde AIEPA señalaron que la situación resulta difícil de explicar en el actual contexto económico que atraviesan los colegios privados. “En el contexto actual es realmente inexplicable esta situación para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, que adelantó que la entidad analiza distintas alternativas para solicitar a las autoridades municipales que reconsideren este tipo de decisiones impositivas.
A estas dificultades se suma el impacto de la negociación salarial docente en la provincia. Según explicó Zurita, el Gobierno bonaerense propuso un aumento del 9% en tres tramos para los trabajadores de la educación, incremento que se agregaría a los ajustes otorgados hacia fines del año pasado, mientras que desde los colegios privados aseguran que no cuestionan las mejoras salariales para los trabajadores, aunque remarcan que necesitan que autoricen incrementos equivalentes en los aranceles para poder afrontar esos compromisos.
En la provincia, aproximadamente el 70% de los establecimientos privados recibe algún tipo de aporte estatal para el pago de salarios, lo que implica que cualquier modificación en las cuotas que pagan las familias debe contar con autorización del Gobierno provincial. Según señalaron desde el sector, si los aumentos salariales no son acompañados por actualizaciones en los aranceles, los colegios privados enfrentan un desfasaje financiero que puede volverse difícil de sostener en el tiempo.
El panorama se completa con otros factores que también presionan sobre la situación económica de los colegios privados, como la caída de la matrícula registrada en los últimos años y el aumento de los niveles de morosidad en el pago de las cuotas. De acuerdo con los datos mencionados por Zurita, el sistema educativo en su conjunto perdió alrededor de 300 mil alumnos en los últimos cuatro años, fenómeno que se vincula con la baja de la natalidad y con las dificultades económicas que atraviesan muchas familias.
Fuente: AIEPA
