El Gobierno dispuso multas millonarias contra los sindicatos del transporte que participaron en el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el 19 de febrero. La administración de Javier Milei sancionó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con $70.000 millones y a La Fraternidad con $20.000 millones por incumplir conciliaciones obligatorias dictadas previamente por las autoridades laborales
El Gobierno nacional dispuso sanciones económicas millonarias contra dos de los principales gremios del transporte luego de su participación en el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado 19 de febrero.
La administración del presidente Javier Milei resolvió aplicar multas a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al sindicato ferroviario La Fraternidad por incumplir conciliaciones obligatorias que se encontraban vigentes al momento de la medida de fuerza. Según se informó oficialmente, las sanciones ascienden a $70.000 millones para la UTA y a $20.000 millones para La Fraternidad.
La decisión fue ejecutada por la Secretaría de Transporte, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello. Desde el Ejecutivo explicaron que ambos sindicatos participaron del paro general pese a que existían conciliaciones obligatorias dictadas previamente por las autoridades laborales.
En el caso de la UTA, la conciliación obligatoria había sido establecida el 10 de febrero y debía extenderse hasta el 26 del mismo mes. Para el sindicato ferroviario La Fraternidad, el procedimiento había sido dispuesto el 4 de febrero y también se encontraba vigente al momento del paro. A pesar de ese marco legal, ambas organizaciones decidieron adherir a la protesta convocada por la CGT, lo que derivó en la decisión del Gobierno de aplicar sanciones económicas de gran magnitud.
Qué respondieron desde el ámbito sindical
Desde la UTA rechazaron la sanción y calificaron la medida como una decisión de carácter político. Mario Caligari, secretario de Prensa del gremio, sostuvo que la sanción carece de fundamentos legales. “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política”, afirmó.
El dirigente también argumentó que la organización no incumplió la conciliación obligatoria debido a que el paro general no estaba vinculado con el conflicto salarial que motivó esa instancia de negociación. Además, remarcó que la medida de fuerza fue convocada por la CGT y que el gremio solo se adhirió.
Por su parte, Omar Maturano, líder del sindicato ferroviario La Fraternidad, señaló que aún no fueron notificados formalmente de los sumarios y pidió esperar definiciones antes de adoptar una postura pública más firme.
La CGT ya anticipó su rechazo a las multas contra los dos gremios del transporte y atribuyó la medida del Gobierno a un acto de “persecución política y sindical”. Además, resaltaron: “si a las autoridades del Gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical”.
Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también condenó la sanción impuesta y se solidarizó con los dos sindicatos. En la entidad conducida por Juan Carlos Schmid advirtieron que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga”.
Fuente: La Nación