Los senadores libertarios Sergio Vargas y Carlos Kikuchi impulsan una reforma al Código Procesal Penal bonaerense para que la acumulación de causas impida la libertad inmediata de los imputados. La propuesta busca que la reiterancia delictiva sea considerada un riesgo procesal, priorizando la seguridad de los ciudadanos frente a la habitualidad delictiva en el territorio provincial
El bloque de senadores Unión y Libertad, compuesto por los legisladores denominados "libertarios dialoguistas", ha presentado formalmente un proyecto de ley que busca transformar las reglas de juego para la justicia penal en la provincia de Buenos Aires. El corazón de la iniciativa es la incorporación de la figura de la reiterancia delictiva como un agravante central al momento de decidir si un imputado puede esperar el juicio en libertad.
De acuerdo con el texto propuesto, se busca modificar el artículo 17 de la Ley N° 11.922 para establecer un límite claro: si una persona comete dos o más delitos de la misma naturaleza en un lapso no mayor a cinco años, perderá el derecho a solicitar la excarcelación. Con esto, los legisladores pretenden atacar lo que socialmente se denomina como "puerta giratoria", un fenómeno que permite que individuos con múltiples procesos abiertos regresen a las calles casi inmediatamente después de ser detenidos.
Los fundamentos del proyecto son contundentes respecto al diagnóstico actual del sistema judicial. Según explican Vargas y Kikuchi en el documento, “la lentitud estructural de los procesos penales genera una situación de impunidad fáctica”. Argumentan que muchos delincuentes son aprehendidos cometiendo delitos contra la propiedad o las personas, pero, al no tener condenas firmes, recuperan su libertad en pocas horas y regresan a delinquir en sus barrios.
Para subsanar esta situación, el proyecto introduce un cambio técnico fundamental: la mera existencia de procesos penales previos en curso pasará a ser considerada una presunción legal de riesgo procesal, ya sea por peligro de fuga o por entorpecimiento de la investigación. Al respecto, desde el bloque señalaron que: “esta figura establece que la mera existencia de procesos penales previos en curso constituye una presunción legal y fundada de riesgo procesal”.
La iniciativa no solo surge como una respuesta a la demanda de seguridad actual, sino que retoma un debate que ya tuvo antecedentes en la Legislatura, como el proyecto impulsado por el PRO en 2025 tras el trágico asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata, donde uno de los atacantes había recuperado la libertad apenas semanas antes.
En palabras de los autores de la reforma, el objetivo es dar un respaldo institucional a los magistrados: “otorgarle a los Jueces de Garantías y a los Fiscales esta herramienta procesal es un imperativo para priorizar los derechos procedimentales de las víctimas y de los ciudadanos honestos por sobre las argucias de quienes sistemáticamente desprecian la ley”.
Este debate legislativo se da en un contexto de fuertes tensiones políticas entre la gestión nacional y la provincial por los recursos y la eficacia de la seguridad en Buenos Aires. Mientras el proyecto avanza hacia las comisiones del Senado, sus impulsores sostienen que esta reforma situará a la provincia en línea con las legislaciones modernas de política criminal, enfocándose en aquellos que han hecho del delito su modo de vida continuado.
Fuente: La Tecla