El diputado bonaerense Ricardo Lissalde impulsa un proyecto de ley para otorgar transporte público gratuito a víctimas de violencia de género, con el fin de garantizar su movilidad para trámites judiciales, laborales y escolares.
Esta semana, la Legislatura bonaerense comenzó a tratar una iniciativa que busca dar un respiro económico a un sector altamente vulnerable. Se trata de un proyecto de ley presentado por el diputado de Unión por la Patria, Ricardo Lissalde, que propone la creación de un boleto gratuito destinado específicamente a personas en situación de violencia de género.
La propuesta establece que el beneficio sea válido para todas las líneas de colectivos, tanto urbanas como interurbanas, que operan dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. A diferencia de otros beneficios limitados a días escolares o laborales, este pase libre no haría distinción de días, permitiendo viajar sin costo durante jornadas hábiles, feriados y fines de semana.
El fundamento principal del legislador massista radica en la emergencia económica que suelen enfrentar quienes atraviesan estas situaciones. Al distanciarse de sus agresores, muchas mujeres pierden el sustento o deben enfrentar gastos de traslado constantes para reorganizar su vida.
Al respecto, Lissalde advirtió que “un alto porcentaje de las mujeres bonaerenses víctimas de violencia de género están desocupadas y tienen grandes dificultades económicas”. El diputado enfatizó que la gratuidad es una "necesidad imperiosa" para que las víctimas puedan continuar con acciones judiciales, buscar o mantener empleos, y asegurar la escolaridad de sus hijos.
De aprobarse la ley, el beneficio no sería permanente de forma automática, sino que se otorgaría por un plazo inicial de seis meses, con la posibilidad de ser prorrogado mientras persista la situación de violencia.
Para acceder a este derecho, el proyecto prevé un mecanismo de acreditación sencillo pero formal. Las oficinas municipales y delegaciones correspondientes se encargarían de emitir un certificado que permita a la beneficiaria validar su condición ante las autoridades de transporte.
Finalmente, el legislador destacó que el objetivo de fondo es dotar a las personas de las herramientas necesarias para romper con el entorno de abuso. “La única forma efectiva para que una persona en esta situación pueda salir del círculo de violencia es a través de la independencia económica”, concluyó Lissalde, señalando que el transporte es un paso clave en esa dirección.
Fuente: Diputados Bonaerenses