Legisladores buscan poner fin a la normativa de emergencia que permite el uso de dispositivos móviles en los penales bonaerenses. El objetivo principal es frenar la coordinación de delitos desde el interior de las unidades y establecer un sistema de comunicación digital bajo estricta supervisión estatal
En un nuevo intento por regular la situación en los establecimientos penitenciarios, el senador y titular del bloque PRO, Pablo Petrecca, presentó un proyecto de ley que propone la prohibición definitiva del uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca dejar atrás el "Protocolo para el uso de teléfonos celulares" implementado en 2020 durante la pandemia, una medida que hoy alcanza a unos 49.000 detenidos y que carece de un marco legal aprobado por la Legislatura.
La propuesta de Petrecca no se limita a la restricción, sino que plantea la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS). Se trata de una plataforma cerrada que permitiría a los internos mantener contacto con el exterior exclusivamente a través de canales autorizados y contactos previamente registrados, eliminando el acceso a internet abierto y a las redes sociales. Bajo este esquema, la tenencia de un dispositivo móvil no autorizado sería considerada una falta grave, con sanciones que afectarían directamente los regímenes de libertad asistida o las salidas transitorias de los reclusos.
Al respecto, el legislador fue contundente en sus fundamentos: “Las cárceles no pueden funcionar como plataformas para la comisión de delitos. Si desde su interior se coordinan extorsiones, amenazas o estafas, el Estado tiene que intervenir con reglas claras”. El proyecto también contempla mecanismos de control institucional, como la obligación de remitir informes anuales a la Legislatura y la posibilidad de supervisión judicial ante restricciones. Además, incluye un capítulo específico para el sistema penal juvenil, buscando un equilibrio entre el derecho a la comunicación y la seguridad pública.
Bloqueo tecnológico y combate a los "call centers del delito": la propuesta de Alex Campbell
En sintonía con esta avanzada, el senador Alex Campbell (PRO) presentó una iniciativa similar que pone el foco en la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todos los penales para anular de forma efectiva la telefonía e Internet.
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Su diagnóstico define a las prisiones actuales como "call centers del delito", citando estadísticas que muestran un incremento del 77,7% en las denuncias por estafas tras la habilitación de celulares en 2020. El plan de Campbell exige, además, requisas exhaustivas y una vigilancia rigurosa sobre el propio personal penitenciario para evitar el ingreso ilegal de dispositivos.