Video: denuncian que siguen las fumigaciones en un barrio rodriguense pese a un fallo judicial
La Asamblea Ambiental de General Rodríguez denunció públicamente la realización de aplicaciones ilegales de agrotóxicos en el barrio San Carlos, alertando sobre una flagrante violación a las distancias de exclusión y el incumplimiento de una medida cautelar judicial vigente que busca proteger la salud de los vecinos y el entorno natural
En un domingo marcado por la tensión, vecinos del barrio San Carlos registraron en video cómo maquinaria terrestre, conocida habitualmente como "mosquitos", operaba en horas del mediodía de este domingo 12 de abril en un predio ubicado en la calle Sandoval, a la altura de Zabala y Velazco. Según el comunicado emitido por la asamblea vecinal, la actividad se desarrolló a escasos metros de viviendas habitadas y de zonas destinadas a la producción de alimentos agroecológicos.
A pesar de los reiterados llamados realizados por los habitantes de la zona al 911, al COM y a Monitoreo, los denunciantes señalaron que, tras más de dos horas de espera, no hubo presencia de autoridades en el lugar para frenar la fumigación. La organización calificó este suceso no solo como un "atentado contra la salud pública y el ambiente", sino también como un "acto de desacato a la cautelar vigente". En el texto, manifestaron que la falta de fiscalización estatal constituye una "vulneración sistemática de los derechos humanos fundamentales" y criticaron nuevamente el Código Ambiental local aprobado en 2025, al que tildaron de "circo armado".
Un freno judicial que no se respeta
Esta nueva denuncia se produce meses después de un avance legal significativo para la comunidad. En enero de 2026, el Juzgado Contencioso Administrativo de La Matanza dictó una medida cautelar que ordenaba el cese inmediato de las aplicaciones de agrotóxicos en los barrios Altos del Oeste y San Carlos.
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Aquel fallo histórico, impulsado por un amparo de la ONG Naturaleza de Derechos, se fundamentó en el principio precautorio ante el riesgo inminente para la salud, especialmente de niños y sectores vulnerables. La resolución judicial subrayaba la necesidad de respetar la Ordenanza Municipal 5163/2022, la cual establece una zona de exclusión de 1095 metros para cualquier pulverización terrestre respecto de viviendas y centros sensibles, como el Jardín de Infantes y el Centro de Atención Primaria de la zona.
En ese momento, los vecinos ya habían reportado síntomas alarmantes, como irritación en la piel, ojos y vías respiratorias, sumado a la preocupación por la posible contaminación del agua de pozo con sustancias como el glifosato. Ante este nuevo escenario de incumplimiento, la Asamblea Ambiental exige la intervención inmediata de las autoridades, sanciones ejemplares para los propietarios y aplicadores, y que se garantice de forma efectiva que el derecho a la producción no se sitúe por encima del "derecho a la salud y a la vida".
Qué dice el comunicado de la Asamblea Ambiental
DENUNCIA PÚBLICA: FLAGRANTE VIOLACIÓN DE DISTANCIAS DE FUMIGACIÓN Y DESACATO A MEDIDA CAUTELAR VIGENTE
Vecinxs de la Asamblea Ambiental de General Rodríguez denunciamos públicamente la fumigación ilegal con agrotóxicos que se está realizando en horas del mediodía del domingo 12 de abril, a escasos metros de viviendas habitadas, violando de forma directa e impune a la medida cautelar vigente y la ordenanza municipal que protege la salud de nuestra comunidad.
En horas del mediodía, se registró actividad de maquinaria terrestre aplicando agrotóxicos en el predio colindante viviendas y producciones de alimentos agroecológicos del Barrio San Carlos, en la calle Sandoval altura Zabala y Velazo. Ante este escenario nos comunicamos con 911, COM, Monitoreo que a pesar de reiterados llamados de varios vecinos, pasadas más de dos horas no se hicieron presentes. Esta acción ignora la restricción establecida de 1095 metros en la ordenanza N° 5163/2022, exponiendo a infancias, adultos, animales y producciones a una deriva directa de sustancias tóxicas.
Este hecho no es solo un atentado contra la salud pública y el ambiente, sino también un acto de desacato a la cautelar vigente. Además un incumplimiento de la ordenanza que es clara y prohíbe este tipo de prácticas en las zonas de resguardo. El incumplimiento de estas normas por parte de los productores y la falta de fiscalización estatal constituyen una vulneración sistemática de los derechos humanos fundamentales. Además, tristemente nos da la razón sobre el circo armado en diciembre de 2025 sobre el Código Ambiental en General Rodríguez.
Ante esta situación crítica, exigimos:
-Cese inmediato de las aplicaciones en toda la zona de resguardo.
-Intervención inmediata de las autoridades policiales y municipales para labrar las actas de infracción correspondientes.
-Sanciones ejemplares para los propietarios del campo y los aplicadores responsables.
-Protección efectiva para las familias afectadas, garantizando que el derecho a la producción no esté por encima del derecho a la salud y a la vida.
-Hacemos un llamado a los medios de comunicación y a la sociedad civil para visibilizar esta grave situación. Adjuntamos como prueba videos que son registro del delito cometido.