El senador libertario Gonzalo Cabezas exige detalles sobre más de 682.000 actas registradas con valor cero en el sistema provincial. La solicitud surge tras revelarse fallas estructurales de seguridad y la contratación de una millonaria auditoría externa para intentar transparentar el funcionamiento del SACIT
La polémica por las fotomultas en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de tensión legislativa. El senador bonaerense de La Libertad Avanza, Gonzalo Cabezas, presentó un pedido de informes exigiendo que la gestión de Axel Kicillof brinde explicaciones inmediatas sobre presuntas irregularidades detectadas en casi 700.000 actas de infracción. El foco del conflicto reside en la existencia de un volumen masivo de multas registradas con "valor cero", una anomalía que pone bajo la lupa la transparencia del sistema de control vial provincial.
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A través de esta iniciativa, Cabezas busca que el Ejecutivo detalle la cantidad exacta de actas sin monto asignado dentro del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), así como los períodos en los que se produjeron estas inconsistencias. El legislador no descarta ninguna hipótesis y solicita investigar si el origen de estas fallas es de carácter técnico, errores administrativos o, incluso, intervenciones humanas deliberadas.
En los fundamentos de su reclamo, el senador libertario fue tajante: “La detección de más de 650.000 actas registradas con valor cero constituye una situación de gravedad institucional que no puede ser considerada una irregularidad menor”. Según Cabezas, el correcto funcionamiento de este sistema es vital no solo para la seguridad vial, sino también por su impacto directo en la economía de los ciudadanos bonaerenses.
Auditoría bajo sospecha y fallas de seguridad
Este pedido de informes llega poco después de que se conociera que el propio Ministerio de Transporte bonaerense reconoció fallas críticas en su plataforma. Tras la salida de Jorge D'Onofrio y la asunción de Martín Marinucci en la cartera, se detectaron 682.000 infracciones "absorbidas" por el sistema sin valor económico y sin una trazabilidad que permita entender qué sucedió con ellas.
Un informe técnico firmado por el director de Informática del Ministerio, Pablo Hernán Guarino, advirtió que el SACIT presenta "fallas estructurales, operativas y de seguridad". Entre los problemas más alarmantes se mencionan:
-Bases de datos saturadas y deficiencias en la conciliación de pagos.
-El uso de usuarios genéricos con credenciales compartidas entre municipios y juzgados, lo que imposibilita saber quién realiza qué operación.
-Falta de firmas digitales y controles criptográficos que garanticen la integridad de las pruebas de las infracciones.
Ante este escenario, la Provincia inició un proceso para contratar una auditoría técnica integral por un valor cercano a los 990 millones de pesos por un plazo de doce meses. Al respecto, Cabezas cuestionó tanto el monto como los posibles conflictos de interés, solicitando saber si existen vínculos entre funcionarios del área y las empresas que participarán de la revisión.
“Resulta imprescindible garantizar estándares estrictos de control, transparencia y legalidad, más aún frente a la eventual contratación de una auditoría tecnológica por un monto cercano a los mil millones de pesos”, concluyó el senador, remarcando la necesidad de respuestas claras para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.