La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a más de 500 jefes comunales de diversos signos políticos, analiza avanzar en la Justicia contra el ministro de Economía de la Nación.
La medida surge ante lo que consideran una retención indebida de recursos provenientes del impuesto a los combustibles, los cuales legalmente deberían ser destinados a infraestructura vial.
Tras una masiva movilización y ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional a los pedidos de diálogo, la FAM, encabezada por su titular, Fernando Espinoza, inició consultas con asesores letrados para formalizar una denuncia por presunta malversación de caudales públicos. Según advirtieron los intendentes, el flujo de recursos no se ha normalizado, lo que genera un perjuicio directo en las comunidades locales al paralizar obras de infraestructura.
El conflicto central radica en el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. De acuerdo con la legislación vigente, parte de estos fondos debe integrar el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Sin embargo, los jefes comunales denunciaron que, de los 3,5 billones de pesos recaudados el año pasado para dicho fideicomiso, Vialidad solo recibió 1,2 billones, cuando le correspondían 2,25.
La postura de los municipios es tajante: afirman que ese dinero está siendo desviado para la "especulación financiera vía emisión y pago de bonos, compra de dólares y para favorecer el carry trade". Ante este escenario, la FAM ha supeditado la acción judicial a una convocatoria urgente por parte del Ejecutivo para encontrar soluciones a una situación que califican como "apremiante".
El documento presentado por la FAM
Los puntos centrales del reclamo, reflejado en el documento presentado por los alcaldes reunidos en la FAM, establecen:
Fundamento Legal: se invoca el artículo 19 de la ley 23.966 (modificado por la ley 27.430) y el Decreto 976/2001, que dictan que lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, con un tope del 20 % para obras ferroviarias y el resto para obras viales.
El monto de las Transferencias: se señala que el año pasado se recaudaron 3,5 billones de pesos, de los cuales se deberían haber transferido 2,25 billones a Vialidad, pero la institución solo recibió 1,2 billones.
Recaudación sin Destino: El documento indica que, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del corriente año, el Estado ya recaudó 1,5 billones de pesos por el mismo concepto, sin que estos fondos hayan sido destinados a obras ni a la reducción del precio de los combustibles.
Consecuencias y advertencia: Los jefes comunales subrayan que la retención de estos fondos podría configurar el delito de malversación, dado que los recursos se agotan y la falta de inversión genera perjuicios directos.
El documento concluye solicitando una instancia de diálogo para normalizar el flujo de recursos antes de recurrir a la estrategia y posible instancia judicial.
Fuente: NA
Foto: X: @gkatopodis