Tras registrarse más de 600 amenazas en establecimientos educativos de toda la provincia, el gobierno de Buenos Aires presentó una denuncia ante la Procuración General. Las autoridades buscan desmantelar una posible estructura delictiva que instiga estos hechos, los cuales han escalado de forma exponencial tras un hito de violencia en Santa Fe
La alarmante ola de amenazas de tiroteos que ha afectado a cientos de escuelas bonaerenses en las últimas semanas ha dejado de ser vista como una serie de incidentes aislados para convertirse en el foco de una investigación por una posible "estructura delictiva". El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan Martín Mena, y el Ministerio de Seguridad, liderado por Javier Alonso, han solicitado formalmente a la Justicia que se identifique a los responsables de organizar, promover e instigar estas conductas.
Desde la Provincia, los funcionarios aclararon que, si bien cada caso particular ya está siendo abordado por los departamentos judiciales correspondientes, la nueva presentación judicial busca “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos”.
El punto de inflexión para este fenómeno se sitúa el 30 de marzo, tras un ataque en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. A partir de allí, las amenazas se multiplicaron exponencialmente, utilizando principalmente las redes sociales como vehículo de difusión. La Directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi, calificó estas acciones como una “conducta grave que vulnera la convivencia institucional”, instando a los jóvenes a no viralizar estos mensajes y a las familias a dialogar sobre los riesgos legales y sociales que conllevan.
El allanamiento a la casa de la alumna rodriguense
En el marco de esta problemática, el distrito de General Rodríguez fue escenario de operativos policiales recientes. El pasado lunes 27 de abril, personal de la DDI Moreno-Gral. Rodríguez allanó una vivienda en el barrio Figueroa Alcorta donde reside una adolescente de 14 años. La menor quedó imputada en una causa por intimidación pública luego de que se denunciaran publicaciones en redes sociales que contenían amenazas con armas de fuego dirigidas a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 6. Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron un teléfono celular, una tablet y un pendrive que serán peritados para determinar su rol en las amenazas.
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Lo que destacaron desde el departamento judicial local
La Justicia del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez ha adoptado una postura firme frente a estos hechos. En una serie de siete allanamientos que permitieron identificar a varios menores, se incautaron armas que coincidirían con las exhibidas en redes sociales. Lo más destacado ha sido la decisión del Ministerio Público Fiscal de solicitar embargos para los padres de los alumnos identificados.
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Esta medida busca que los progenitores respondan por los gastos operativos de las investigaciones y los procedimientos policiales, así como por los costos derivados de la alteración de los protocolos escolares. Según la fiscalía, el objetivo es aplicar un rigor similar al que se utiliza en casos de falsas amenazas de bomba, haciendo que las familias asuman la responsabilidad civil solidaria por los daños causados por sus hijos.
Fuente: Agencia DIB