El Ministerio de Capital Humano mantiene su ofensiva contra los gremios del transporte por desoír la conciliación obligatoria durante el pasado paro de la CGT. Entre multas ya fijadas y procesos en marcha, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad enfrentan deudas millonarias que han trasladado el conflicto a los tribunales y, próximamente, a organismos internacionales
El escenario de tensión entre la administración nacional y los sindicatos del transporte ha escalado a niveles económicos sin precedentes. Tras el paro general del pasado 19 de febrero, el Gobierno ratificó su decisión de aplicar sanciones monetarias récord contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, por haber participado de la medida de fuerza mientras regía una conciliación obligatoria.
En el caso de la UTA, liderada por Roberto Fernández, el proceso administrativo ha avanzado significativamente esta semana. Según confirmaron fuentes oficiales, la sanción podría alcanzar los 70 mil millones de pesos. No obstante, la Secretaría de Trabajo aún se encuentra finalizando pericias técnicas en diversas provincias para verificar fehacientemente si el cese de actividades se extendió al Interior del país, tal como sucedió en el AMBA. Desde el gremio, el argumento de defensa sostiene que la orden oficial de no innovar se limitaba a un conflicto salarial específico de las seccionales del Interior, lo que, según su interpretación, les permitía legalmente adherirse a la protesta nacional de la CGT.
Por su parte, La Fraternidad ya recibió la notificación de una multa fijada en $21.241.500.000, una cifra que el sindicato calificó de desproporcionada. Ante esta situación, el pasado jueves el gremio que conduce Omar Maturano concretó la impugnación judicial de la medida. El Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, justificó el monto alegando que se trató de una infracción “muy grave” que afectó el interés general y el normal funcionamiento de una actividad esencial.
Maturano ha sido tajante al respecto, señalando que la conciliación obligatoria no podía anular el derecho constitucional de adherir a una huelga de carácter general. De hecho, el conflicto cruzará las fronteras el próximo mes: el sindicato ferroviario confirmó que denunciará al Estado argentino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante su conferencia anual en Ginebra, Suiza.
La base legal que utiliza el Gobierno para estas sanciones es la Ley N° 14.786, que obliga a las partes a abstenerse de medidas de fuerza mientras dure la conciliación, y la Ley N° 25.212, que establece multas de hasta el 2000% del salario mínimo por cada trabajador afectado.
Para encontrar un antecedente de similar magnitud, hay que remontarse a la gestión de Mauricio Macri en 2018, cuando se multó al sindicato de Camioneros por 800 millones de pesos, sanción que luego fue anulada durante el mandato de Alberto Fernández. Sin embargo, las cifras actuales, que superan los 90 mil millones de pesos entre ambos gremios, marcan un nuevo e incierto capítulo en la relación entre el Estado y el poder sindical.
Fuente: Infobae
