Eneas Gallo, un repartidor de General Rodríguez, permanece bajo prisión preventiva en el penal de Marcos Paz tras participar en una manifestación contra la Reforma Laboral el pasado 11 de febrero. Mientras la Justicia lo imputa por tenencia de explosivos y atentado a la autoridad, su defensa denuncia una "persecución clasista" y el uso de leyes antiterroristas para criminalizar la protesta social
Eneas Gallo, un repartidor de 36 años oriundo de General Rodríguez, permanece privado de su libertad desde el pasado 18 de marzo, acusado de participar en incidentes durante una manifestación frente al Congreso de la Nación. El trabajador, que desempeñaba tareas para plataformas de delivery como Pedidos Ya y Rappi, se encuentra actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, bajo un régimen de prisión preventiva que ha generado fuertes reclamos por parte de organizaciones sociales y su defensa legal.
La causa judicial, que también involucra a otros manifestantes como Milton Tolomeo, imputa a Gallo los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública y tenencia de elementos incendiarios. Según la defensa, la fiscalía busca aplicar un concurso real de penas que, sumado a la aplicación de la ley antiterrorista, podría elevar la expectativa de condena a niveles extraordinarios.
En declaraciones al medio Desalambrar, el abogado defensor e integrante de la Gremial de Abogados, Dr. Siro Soto, manifestó su preocupación por el cariz que ha tomado el proceso: "es lamentable la Argentina que tenemos porque realmente luchar o protestar hoy es un delito. Eneas está preso por ser un laburante". En la misma línea, el letrado advirtió sobre la situación general de los manifestantes al señalar que "privarle la libertad a cualquier luchador es la regla en Argentina".
El letrado sostiene que la Justicia ha aplicado criterios discriminatorios para mantener la detención. Según explicó Soto en una entrevista, el juez fundamentó el riesgo procesal de fuga en la condición laboral de Gallo: "como no tiene un patrón físico que le esté diciendo dónde tiene que andar escupiendo sangre, el juez sentencia que 'no tiene vínculo con ningún territorio y entonces hay un riesgo procesal de fuga'. Así que si vos en algún momento levantaste tu cabeza porque estás indignado de la injusticia y aparte sos pobre, para esta justicia, que es racista y clasista, directamente hay peligro de fuga". A esto agregó que, en el contexto actual, "todos somos blanco, depende lo que pase ese día con la orden que se imparte y la justicia que es receptiva de la orden para iniciar la causa".
La defensa también advirtió sobre la aplicación del artículo 41 del Código Penal, derivado de la ley antiterrorista, que permite duplicar las escalas penales. Para Soto, esto implica que una expectativa original de 15 años de prisión podría transformarse en una de 30 años, bajo una etiqueta de "terrorista" que resulta difícil de remover en el clima social actual. Pese a la gravedad de la situación, el abogado destacó la entereza del detenido: "Eneas es muy consciente de lo que es el Estado argentino frente a todos los que luchan y realmente la firmeza moral que él tiene, a uno le da orgullo defender a estos tipos de compañeros".
Cómo había sido su detención
La captura de Eneas Gallo se produjo tras un operativo de relevancia nacional que incluyó tareas de inteligencia y allanamientos. El rodriguense fue el quinto acusado apresado en relación con los ataques con bombas molotov contra efectivos de Gendarmería y la Policía Federal ocurridos el 11 de febrero frente al Congreso.
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La detención fue concretada por la Policía de la Ciudad en General Rodríguez, luego de que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División Individualización Criminal de la PFA lograran una coincidencia de identidad superior al 96% mediante el análisis de cámaras de seguridad y registros televisivos.
Al momento de su interceptación en la vía pública, las autoridades informaron el hallazgo de una mochila que contenía un bidón con líquido combustible, vestimenta presuntamente utilizada durante los disturbios, dos teléfonos móviles y panfletos políticos. Posteriormente, se procedió a allanar su vivienda, donde la fiscalía, coordinada por Federico Tropea, buscó recolectar mayores elementos probatorios para sostener la hipótesis de que el detenido formaba parte de una organización con roles específicos asignados para actuar de forma violenta en la protesta.
Fuente: Desalambrar