Eneas Gallo, el repartidor de General Rodríguez detenido tras una manifestación frente al Congreso, continuará bajo prisión preventiva en el penal de Marcos Paz. La Justicia ratificó la medida al considerar que su condición de trabajador precarizado implica un "riesgo de fuga", mientras su defensa denuncia una criminalización sistemática de la protesta social
La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, integrada por los jueces Elizabeth Marum y Carlos Fel Rolero Santurian, confirmó recientemente la prisión preventiva para Eneas Gallo, un repartidor de 36 años oriundo de General Rodríguez. Gallo está imputado por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública y tenencia de elementos incendiarios tras su participación en la protesta del pasado 11 de febrero contra la Reforma Laboral.
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Los hechos que derivaron en su detención se remontan a aquella jornada de movilización frente al Congreso de la Nación, donde se produjeron incidentes que la justicia vincula con el uso de bombas molotov contra fuerzas de seguridad. Sin embargo, la captura de Gallo no fue inmediata: se produjo el 18 de marzo en la vía pública de General Rodríguez, tras un operativo que incluyó tareas de inteligencia y análisis de cámaras de seguridad que, según los investigadores, arrojaron una coincidencia de identidad del 96%. Durante el procedimiento, las autoridades informaron el hallazgo de un bidón con combustible y panfletos políticos en su mochila.
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La resolución judicial para mantenerlo tras las rejas ha generado una fuerte polémica. Los magistrados argumentaron que Gallo carece de "arraigo", basándose paradójicamente en su situación laboral: al desempeñarse como repartidor de aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya, la justicia considera que no tiene un "patrón físico" ni un lugar de trabajo determinado, lo que facilitaría una eventual fuga.
Ante este escenario, la Gremial de Abogados, que lleva adelante su defensa, emitió un duro comunicado denunciando que la justicia actúa de forma "racista y clasista". Según el abogado Siro Soto, se está utilizando el "Derecho Penal del Enemigo" y leyes antiterroristas para disciplinar a quienes se manifiestan. Los letrados advierten que la aplicación del artículo 41 del Código Penal (derivado de la ley antiterrorista) podría duplicar las penas, llevando una posible condena hasta los 30 años de prisión por el solo hecho de protestar.
Actualmente, Gallo permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, mientras las organizaciones sociales y su defensa continúan reclamando su inmediata libertad, sosteniendo que su detención es una herramienta política para enviar un mensaje de amedrentamiento a la sociedad.
Comunicado de La Gremial de Abogados
“Cuando hablamos de Eneas Gallo, como de Milton Tolomeo, no puede tomarse a la ligera. No son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón sistemático injusto de criminalización de la protesta social, en el que se mezclan perversamente la participación política y la movilización popular con los delitos penales”, declaró La Gremial. “Bajo esta lógica, manifestar se convierte en sinónimo de peligrosidad, y la prisión preventiva deja de ser una medida excepcional para transformarse en una sentencia que ya está escrita”, dijo la agrupación en referencia a los jueces de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones Elizabeth Marum y Carlos Fel Rolero Santurian.
Para los abogados y abogadas que integran La Gremial, “la resolución judicial avala el encierro preventivo apoyándose en pruebas endebles, indicios discutibles y pericias no controladas por la defensa, vulnerando principios elementales del debido proceso, la igualdad de armas y la presunción de inocencia. Se aceptan informes de reconocimiento sin estándares de fiabilidad verificables; y se construyen riesgos procesales a partir de condiciones de pobreza y precariedad, ‘confundiendo’ vulnerabilidad social con peligro de fuga”. De esta manera, “el encierro cautelar opera como herramienta disciplinadora, destinada a enviar un mensaje claro: protestar tiene costos, organizarse tiene consecuencias, resistir se paga con cárcel”.
Fuente: Página 12
