En un fallo sin precedentes para el distrito de General Rodríguez, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 de dicho partido condenó a una institución educativa privada y a su representante legal por incurrir en actos de discriminación y "exclusión encubierta" contra un alumno diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
La sentencia obliga al establecimiento a abonar una indemnización que supera los 15 millones de pesos en favor del menor y su madre, tras quedar acreditado que el colegio obstaculizó durante cuatro años la incorporación de un acompañante terapéutico.
Los alcances del fallo
Según se detalla en el expediente judicial, la familia del niño, quien asistía a la institución desde 2018, enfrentó constantes trabas administrativas por parte de las autoridades educativas. La institución se negó reiteradamente a firmar la documentación necesaria para que la obra social autorizara el apoyo del acompañante terapéutico, alegando requisitos formales injustificados y llegando incluso a cuestionar el diagnóstico de los profesionales tratantes.
El magistrado interviniente destacó en el fallo que, tras el cambio de institución en 2021, el niño logró obtener su acompañante en apenas un mes, evidenciando que la demora previa fue producto de la falta de voluntad del colegio demandado.
Impacto psicológico y multas millonarias
La resolución judicial determinó que la conducta del colegio violó la Ley 23.592 contra la discriminación y diversos tratados internacionales de derechos humanos. El impacto emocional de esta situación fue tal que la madre del menor sufrió una incapacidad psicológica parcial del 10 %, por lo que recibirá una indemnización de 8.000.000 de pesos, sumado a fondos para su tratamiento (1.224.000).
Por su parte, el niño recibirá 3.000.000 de pesos en concepto de reparación por la angustia y la pérdida de pertenencia sufrida durante el proceso.
Aunque la defensa de la escuela de General Rodríguez argumentó haber brindado atención personalizada y culpó a la familia por demoras en los trámites, el juez concluyó que el colegio conocía la situación desde 2019 y no realizó los "ajustes razonables" necesarios para garantizar una educación inclusiva.
Fuentes: Sitio Andino / Infobae
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