Aunque el episodio fue el último viernes 19, la violenta agresión en la estación Ramos Mejía desnudó una vez más la precariedad del servicio y la vulnerabilidad de sus trabajadores. El hecho derivó en una parálisis momentánea, cancelaciones masivas y el hartazgo de los usuarios ante la falta de información clara por parte de la empresa. En este contexto, el gremio advierte sobre un plan de ajuste que deteriora la seguridad y profundiza el conflicto en la Línea Sarmiento
El incidente ocurrió alrededor de las 16 hs, en plena hora pico, cuando una formación que se dirigía hacia Moreno se detuvo en Ramos Mejía. Allí, un pasajero (que posteriormente fue detenido) rompió el vidrio de la cabina de conducción y le propinó un golpe de puño en el rostro al guarda del tren. Ante este hecho de violencia, se activó una medida de fuerza inmediata que consistió en el retiro de las formaciones hacia el depósito de Castelar, lo que interrumpió el servicio por más de media hora.
La reanudación de la circulación no trajo alivio a los pasajeros, sino una sucesión de cancelaciones y fuertes demoras que se extendieron hasta la noche. Con las estaciones desbordadas, la detención de los trenes superaba los tiempos habituales, agravado por la recurrente falta de precisiones de Trenes Argentinos, que se limitó a informar "problemas operativos". Esta desinformación obligó a miles de usuarios a buscar alternativas desesperadas, generando filas interminables en paradas de colectivos sobre la avenida Rivadavia y la Autopista del Oeste.
El descargo de los trabajadores
Tras el incidente, agrupaciones de trabajadores ferroviarios (identificados en la lista Violeta) emitieron un descargo en el que vincularon la agresión con el deterioro general de la línea, sosteniendo que la medida de fuerza fue la respuesta a una bronca acumulada por el vaciamiento de los sectores y la falta de personal.
En su comunicado, manifestaron que están "cansadas y cansados de trabajar sin ninguna condición mínima de seguridad" ante un servicio que califican como "cada vez más deplorable" debido a los recortes en mantenimiento y las cancelaciones diarias. Los trabajadores denuncian que la inseguridad ferroviaria es el resultado de una "política nefasta de ajuste y desmantelamiento ferroviario" ejecutada por el gobierno nacional, la cual ha llevado sus "salarios por debajo de la línea de pobreza" en un contexto social que definen como explosivo.
Finalmente, criticaron la implementación de patrullas de fiscalización, argumentando que éstas solo sirven para "enfrentar pobres contra pobres por un boleto que sube de valor todos los meses mientras el ferrocarril se cae a pedazos", por lo que exigieron una "asamblea urgente" y que la empresa cumpla de forma inmediata con los protocolos de seguridad para proteger tanto a los empleados como a los usuarios.
Fuente: Diario Popular / Foto de tapa: gentileza Nicolás Limas Sosa