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Sociedad 10 DIC 2016

Multarán a las empresas que tarden en atender a sus clientes

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Se trata de una ley apobada por el Senado bonaerense. Rige para financieras y prestatarias de servicios públicos. Aún debe pasar por Cámara de Diputados.

El senado bonaerense aprobó un proyecto de Ley del senador Andrés De Leo (Cambiemos), por el cual las entidades financieras y empresas prestatarias de servicios públicos tendrán un límite de 30 minutos, para atender a sus clientes, para no ser objeto de multas y sanciones. El proyecto que ahora deberá ser sancionado en ley por la Cámara de Diputados de la Provincia, establece que las entidades financieras y empresas prestatarias de servicios públicos, deberán garantizar a sus clientes que el tiempo de espera para ser atendido en caja, no superará los 30 minutos. Según el texto de la iniciativa, los infractores serán sancionados con multa, cuyo monto será graduado por la autoridad de aplicación de acuerdo con la gravedad de la infracción, y que oscilarán entre los cinco mil ($ 5.000) y cincuenta mil ($50.000) pesos. En caso de reincidencia, se aplicará multa equivalente al doble establecido por la autoridad de aplicación. Los fondos que provengan de infracciones a la presente ley serán destinados a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. "Este proyecto de ley  tiene como principal objetivo que las entidades bancarias y empresas prestatarias de servicios públicos brinden una mejor atención y trato digno a los usuarios y en un tiempo de espera que resulte razonable", remarcó Di Leo. Y agregó: "La optimización del tiempo es una cuestión que reviste gran importancia en el mundo que nos toca vivir. Siempre hay demasiado por hacer, y la sensación de que el tiempo nunca es suficiente". La presente iniciativa tiene plena aplicación en las provincias de Misiones, Neuquén, Chaco y CABA, en cuyos estados rige una norma similar a la propuesta. Y se fundamenta en el art. 42 de la Carta Magna, en los art. 1097 y 1098 del nuevo Código Civil, y en el art. 38 de la Constitución Provincial, que versan sobre los derechos de usuarios y consumidores, y los contratos de consumo.
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