Piden la liberación de los policías detenidos en una causa de narcotráfico: los cuestionamientos a la Justicia
Este viernes 10 de junio, allegados y familiares de los policías detenidos bajo la acusación de haber robado droga y extorsionado a narcotraficantes marcharon al edificio de Fiscalías para pedir su excarcelación.
Los agentes que se encuentran presos luego de que se desatara la escandalosa imputación: los acusan de haberse quedado con droga de un allanamiento y haber extorsionado a narcotraficantes para devolvérselas. En esa causa también aestá detenida la oficial principal Gabriela Noemí Ibarra, hija del entonces Subsecretario de Seguridad de General Rodriguez, Daniel Ibarra.
Además, también están presos el ofiial Alexis Romero, capitán Abel Ramón Acosta, el oficial Juan Eduardo Vieira, el sargento Leonardo Fabián Biotti, el subteniente Sebastián Eduardo Perín, el suboficial mayor Ángel Rufino Morales el oficial ayudante Claudio Sebastián Branchi y el subteniente Darío Roberto Torres.
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En diálogo con La Posta, Juan Ignacio Baños, abogado defensor de Alexis Romero, habló sobre la causa y cuestionó fuertemente a la Justicia. "Hay dos narcotraficantes confesos, que se les recibe una declaracion testimonial que es nula por cuestiones jurídicas. Y ponen en la balanza esas dos declaraciones y le dan la razon frente a lo que dicen 11 policías", comenzó.
Y continuó: "Lo más aberrante es que funcionarios policiales, que están cumpliendo con su deber, que llegan en un móvil porque los convoca la superioridad jerárquica, que cumplen una obligación legal porque si un policía no va a un procedimiento donde lo están convocando sus superiores jerárquicos, estaría cometiendo un delito; se les ordena trasladar a dos personas hasta la DDI y después la Fiscalía le imputa un delito de robo agravado por el uso de arma. ¿Cómo un policía con un móvil oficial, con armas reglamentarias, va a poder robar la cocaína a un narco que tiene la obligación de secuestrar? Si algún policía se queda con algo, será un delito de peculado, contra la administración pública. La policía está siendo imputada por el secuestro de estupefacientes que tenía la obligación de secuestrar. La calificación legal es un absurdo".
Al respecto de si el mismo delito se les imputa a todos los detenidos, Baños aclaró que "por un lado está el problema de todos los imputados. Lo que dicen dos narcotraficantes, sin ningún tipo de pruebas, sin filmaciones, sin tareas de inteligencia, sin elementos que lo avalen; lo ponen en la balanza y pesa más sobre 11 declarciones de 11 de policías que no tienen antecedentes legales, que nunca tuvieron un proceso penal. Que son personas siempre ajustadas a derecho. Hay 11 policías presos sin elementos que lo avalen".
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Y luego amplió: "Con relación a lo coyuntural, es peor. El funcionario policial de menor jerarquía de todos, llega a un procedimiento en apoyo a otro móvil que le pide que cumpla con su deber. Si no cumple es pasible de ser metido preso. Por cumplir con su obligación legal, después aparece una fiscal imputándolo por robo agravado por el uso de arma. Es una locura. Un policía con las armas reglamentarias y un móvil policial, no puede robar la droga porque está obligado a secuestrarla. ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a la comunidad? Es nefasto".
En línea con sus críticas, señaló: "La Fiscalía le dice a los narcotraficantes que se queden tranquilos, que sigan ejerciendo su rol delictivo y están en libertad. Ese es el mensaje que les manda a los narcotraficantes. Que si la policía viene a molestarlos la Fiscalía va a poner las cosas en su lugar. Y el mensaje que le manda a la Policía es que no se metan con el narcotráfico porque o terminás con un tiro en la cabeza o imputado por robo agravado por el uso de arma por secuestrar la droga".
Por último, denunció una serie de irregularidades en la causa, que es investigada por la UFI N°9: "Hemos pedido ampliar declaraciones. Se han ocultado pruebas a la defensa. Es todo un cúmulo de desaciertos. La causa empieza mal, sigue peor y va a terminar mucho peor porque es un desastre. Te pongo ejemplos: hay un sistema informático del Ministerio Público donde tiene la obligación de realizarse todas las actuaciones judiciales. Toda esta causa, tiene más de 33 irregularidades comprobadas objetivamente y señaladas al juez; ahora el recurso lo deben resolver la Cámara de Apelaciones de Mercedes; donde se demuestra completamente un sin número de falsedades ideológicas, actuaciones hechas de espaldas al sistema del Ministerio Público. Hubo una investigación paralela y escondida a los ojos de la defensa. Los defensores no tuvimos acceso al expediente después de 30 días de consumada la detencion de los encartados".
Y cerró: "Se han presentado cinco habeas corpus, pedidos de excarcelaciones, que no se le ha dado el trámite de curso legal de forma correcta. El habeas corpus debe resolverse en 24 horas y acá han tardado más de 11 días. A eso se suma una grave denuncia que presentó un colega defensor de uno de los imputados, en donde parecería ser que dos ayudantes de la Fiscalía estarían apretando a uno de los imputados para que declare falsamente en contra del resto. Si eso ocurre sería un acto de suma gravedad, lo investigará la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de Magistrados que depende de la Procuración. El fiscal general departamental, cuando tuvo noticia de esta denuncia, apartó a estos dos funcionarios pero lo que llama la atención y no tiene explicación, es que la investigación siga su curso".
