A casi dos años de su aprobación, piden que se reglamente la ordenanza para regular cavas y canteras
La ordenanza para crear el Registro Municipal de Cavas y Canteras se aprobó en octubre del 2020 pero nunca fue puesta en funcionamiento. La oposición pide su implementación.
El pedido lo hizo en forma de decreto la legisladora María Klajnberg, de Juntos, y luego de que la oficialista Ana Mottino manifestara que "la reglamentación está en proceso", el ex intendente Darío Kubar manifestó que "han pasado dos años, la explotación de canteras sigue. Cientos y cientos de camiones con tosca que salen de Rodríguez. Lejos de tomar este instrumento valioso el Ejecutivo, no fue utilizado".
Además, habló de una respuesta que les llegó al pedido de comunicación previamente presentado sobre los movimientos de suelo a cielo abierto que "fue dado por un director que fue eyectado del area de Producción y por otro secretario que también fue eyectado, por lo que entonces mucho validez moral y técnica no tiene".
Luego, agregó: "Ponemos nuestro manto de sospecha sobre el perjuicio económico que le está generando al Municipio a lo largo de estos dos años donde no se tributó lo que se debería, habiendo tenido la herramienta que este Concejo le dio. Se está dando una excavación en un predio de Ruta 24 que le llegó a Carmelo Maslowski. El se dirigió al lugar y lo vio. Tendríamos que pensar si el secretario de Producción no tiene que venir a dar explicaciones".
Qué establece la ordenanza aprobada en 2020
Se trata de la Ordenanza N° 4817/2020, aprobada en octubre de 2020, que dispone crear el Registro Municipal de Cavas y Canteras para individualizar a los propietarios de cada uno de estos emprendimientos, identificar los motivos de la extracción de tierra y proyectos de remediación de pasivos ambientales. Además, el permiso para la actividad tendrá vigencia máxima de dos años y el Ejecutivo municipal podrá revocarlo por razones técnicas o de seguridad, además de inspeccionar y controlar la actividad.
Las sanciones por incumplimiento de las normativas dispuestas por la ordenanza oscilarán entre 500 y 10.000 módulos de multa y serán determinadas por el Juzgado de Faltas municipal. Dependiendo el grado, la Municipalidad puede disponer la clausura total o parcial del emprendimiento y la "inhabilitación definitiva con reparación del dañó ambiental producido a cargo del infractor".
