Ley penal para menores: el oficialismo cree que condenará a "jóvenes de sectores populares" sin resolver el problema
En una reciente jornada organizada en el Honorable Concejo Deliberante, el oficialismo local debatió sobre la prevención de delitos en adolescentes y cuestionó duramente la reducción de la edad de imputabilidad a nivel nacional. Sin embargo, la exposición de estas políticas preventivas contrasta fuertemente con la total inaccesibilidad a datos de la gestión municipal, la repetición de hechos graves perpetrados por menores en el distrito y las incógnitas sobre la estructura real que el Gobierno nacional destinará al nuevo régimen.
La postura municipal y la falta de datos transparentes
La charla, a cargo de la Secretaría de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, apuntó a la "promoción de derechos" y a acompañar los procesos de inclusión. Durante el encuentro, se destacó la adhesión al programa provincial "Entramados" y el trabajo de la "Casa Joven" en el barrio Vengochea, dispositivos que buscan ofrecer acompañamiento psicosocial y educativo.
El eje de las críticas apuntó a la nueva legislación nacional. El ex secretario nacional de Niñez, Gabriel Lerner, aseveró que la normativa es "nociva para los pibes y pibas de sectores populares" y advirtió que "es altamente probable que se incremente la cantidad de chicos y chicas privadas de su libertad", constituyendo una "respuesta que no resuelve el problema de fondo". Por su parte, el intendente Mauro García sumó críticas por el "retroceso en materia presupuestaria" por parte del Estado Nacional para la creación de centros de desarrollo infantil.
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No obstante, frente a estos procesos que la gestión proclama como efectivos, existe una total inaccesibilidad a datos locales. Los vecinos y la prensa no tienen manera de controlar si estas herramientas funcionan de forma transparente o si son suficientes para la demanda territorial. En la práctica, los hechos de violencia que trascienden no suelen evidenciar ningún abordaje previo; y cuando las tragedias ocurren, los vecinos son fuertemente críticos de los tiempos de demora o de la nula dimensión de resolución, terminando los casos, por lo general, en poco y nada.
Menores victimarios: la cruda realidad en nuestras calles
Desde nuestro portal hemos cubierto numerosos hechos recientes donde menores de edad actúan como victimarios, exhibiendo una violencia extrema y evidenciando la falta de contención, prevención y condena adecuada en el distrito. En muchos de estos casos, no solo falla el abordaje penal, falla hasta el seguimiento psicológico o del hogar:
Ataque a machetazos en una iglesia evangélica: Un adolescente de 14 años ingresó a robar de madrugada a un templo al que asistía con sus padres y atacó a machetazos en la cabeza al sereno de 77 años. Al allanar su domicilio, se constató que no solo sometía con amenazas a los vecinos, sino que escondía 2,2 kilos de marihuana. Al ser inimputable bajo la ley anterior, no fue sometido a un proceso penal formal.
- La creciente ola de violencia entre menores de edad en instituciones como la Escuela N°6 y la Secundaria N°13 de Villa Vengochea generó una profunda alarma social, por enfrentamientos en manada, el uso de elementos escolares como armas blancas y batallas campales en espacios públicos. Las causas judiciales por lesiones fueron investigadas por la UFI N°10 y las familias elevaron sus reclamos ante el Concejo Deliberante, exigiendo medidas ante la inacción de las autoridades escolares y policiales.
- Joven de 13 años fue víctima de un feroz ataque en la Escuela Secundaria N.º 13 a la que asistía: Braian, un estudiante de 13 años, de Villa Vengochea, fue víctima de una brutal agresión por parte de tres adolescentes de 13, 14 y 17 años que irrumpieron en el colegio tras un presunto intento de robo, causándole fractura de cráneo y múltiples lesiones graves. Tras permanecer en terapia intensiva, Braian logró recuperarse de sus heridas, pero debido al riesgo latente y para garantizar su protección, debió ser trasladado a una nueva escuela por razones de seguridad.
Violencia extrema y amenazas en la Escuela N° 13: Una menor de 13 años, que ya había apuñalado a un compañero con un lápiz y le había quebrado la muñeca a una profesora, saltó el paredón del colegio, roció con alcohol etílico a estudiantes y a la comida del comedor, y los amenazó de muerte.
Semanas después, la joven también intentó ahorcar a su abuela.Persecución y ataque a agentes de Tránsito: Un joven de 17 años que circulaba en una moto con la numeración limada protagonizó una intensa persecución en pleno centro de General Rodríguez. Al ser interceptado, se mostró hostil y agredió físicamente al personal municipal.
Cómplice infantil de "motochorros" en Luján: Un niño de apenas 12 años, presuntamente oriundo de nuestro distrito, operó bajo la tutela de un adulto en un violento robo de moto en el centro de Luján, hecho en el cual la víctima terminó apuñalada.
- Un adolescente de 14 años fue atacado por un alumno de 16 dentro de un aula de la Escuela Secundaria N°9 del barrio Güemes, sufriendo una fuerte hemorragia nasal tras recibir tres golpes de puño en el rostro. El incidente escaló en tensión cuando la madre del joven denunció que las autoridades del establecimiento no solicitaron asistencia médica de inmediato, debiendo una docente llamar a la ambulancia desde su teléfono particular para trasladar al herido al Hospital Vicente López. Finalmente, la progenitora radicó la denuncia en la Comisaría 2°, exponiendo tanto la violencia física entre los menores como la cuestionable respuesta institucional ante la emergencia.
El Honorable Concejo Deliberante aprobó en (mayo del 2025) por unanimidad el programa municipal "Entornos saludables y libres de violencias". La iniciativa, impulsada por la Mesa de Salud Mental, busca implementar un abordaje interdisciplinario que trabaje en simultáneo con alumnos, docentes y familias en problemáticas como la ludopatía, el grooming y la educación sexual integral. Si bien la oposición cuestionó la falta de aplicación de una normativa similar vigente desde 2020, el nuevo proyecto establece el compromiso del Ejecutivo de brindar informes mensuales de gestión para garantizar que esta herramienta no quede en desuso y logre frenar los reiterados episodios de violencia infanto-juvenil en el distrito.
La nueva ley y las expectativas sobre el abordaje nacional
Frente a este escenario, se genera una fuerte expectativa por la evaluación y aplicación de la nueva Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y prevé penas de hasta 15 años para delitos graves. Si bien se asignó un presupuesto inicial de más de 23.700 millones de pesos, aún no queda claro qué mirada y abordaje real generará el Gobierno nacional en coordinación con las provincias.
Existen profundas dudas sobre la estructura edilicia que se debe disponer de manera urgente y las herramientas de reinserción o prevención que debieran ir aparejadas. Sin una planificación clara, se corre el riesgo de que el sistema termine siendo exactamente lo que indica el oficialismo local: mero encierro en lugares inadecuados sin resolver la criminalidad a largo plazo.
Los debates ausentes: adicciones y adultos que usan menores
La lógica política de cada bando parece cubrir únicamente los extremos discursivos, pero ninguno resuelve previniendo a tiempo o dando un seguimiento apropiado tras los delitos. Sin un trabajo efectivo y un monitoreo de resultados de modo transparente, es difícil que el escenario mejore en las calles.
En este cruce de posturas, además, hay grandes ausentes. Nada se habla en estos debates sobre cuánto debiera cambiarse la legislación para castigar a los adultos mayores que inducen al delito a los menores. Estas bandas utilizan a los chicos, aprovechando su inimputabilidad, como una estructura descartable: cuando caen presos o mueren, simplemente los reemplazan por otros chicos con problemas similares.
Tampoco las autoridades se detienen a dar datos concretos sobre cuánto inciden las adicciones en este camino criminal —un factor innegable considerando muchos de los casos—. No hay información clara sobre cómo el narcotráfico ha avanzado sobre los menores en los barrios, ni se están presentando planes de resolución integrales para frenar un flagelo que se cobra el futuro de los jóvenes antes de que lleguen al sistema penal. Es como si los padres de un chico ocultaran que su hijo pasó frío antes de enfermarse de gripe porque les preocupara más que los critiquen que lo que pueda ayudar el dato a encontrar un tratamiento. Todo un síntoma de época.