El gobierno bonaerense criticó la medida de la administración nacional que obliga a las personas con discapacidad a registrar su tarjeta SUBE para acceder al boleto gratuito. Mientras que desde Nación argumentan mayor seguridad y agilidad, el ministro provincial Martín Marinucci denunció que se trata de un "trámite adicional" que dificulta el acceso a derechos ya consolidados
La implementación de una nueva normativa nacional para el transporte público ha desatado un fuerte cruce político entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la administración libertaria de Javier Milei. La medida en cuestión establece que, a partir del 19 de junio, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) deben vincular dicho certificado a una tarjeta SUBE registrada a su nombre para poder viajar gratuitamente en trenes y colectivos de jurisdicción nacional.
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Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por Martín Marinucci, la respuesta fue inmediata y categórica. El funcionario de Axel Kicillof calificó la iniciativa como una traba burocrática innecesaria: “para las personas que necesitan que se le facilite el día a día, suman otro trámite con tal de no reconocer derechos que llevan años negándolos”.
El conflicto pone de manifiesto dos visiones opuestas sobre el acceso a la gratuidad en el transporte. Por un lado, el Gobierno nacional sostiene que esta digitalización busca reducir las demoras, fortalecer la seguridad, evitar el traslado de documentación física propensa al fraude y minimizar la exposición de datos personales. De hecho, entidades como el Foro de Discapacidad señalaron que el cambio podría aportar "mayor comodidad" al usuario.
Por otro lado, la Provincia ratificó la vigencia de su propio sistema: el Pase Libre Multimodal (PLM). Este beneficio permite que las 800 mil personas con discapacidad registradas en territorio bonaerense (incluyendo trasplantados o en lista de espera) viajen sin cargo en las líneas de colectivo provinciales (de la 200 a la 499) y en el transporte fluvial, sin necesidad de trámites extra ni topes mensuales. “Son un derecho que garantizamos desde el primer día de la gestión”, afirmó Marinucci para diferenciar el esquema provincial del nacional.
Caos en la implementación y voces de alerta
A pesar de las promesas de agilidad por parte de Nación, los primeros días de vigencia estuvieron marcados por la confusión. Se reportaron largas filas en las terminales de Constitución, caídas en el sistema web de la SUBE y versiones contradictorias por parte de los choferes sobre la validez del certificado físico.
Las familias y organizaciones también expresaron sus reparos. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista, manifestó su desconfianza ante el posible fin de la convivencia de ambos sistemas: “dice Adorni que convivirán ambos sistemas, y si es así está perfecto, pero lo quiero ver. Tiendo a descreer de todo esto”. Bassi explicó que el CUD físico es más práctico para quienes cuentan con varios cuidadores que se alternan en el acompañamiento.
Asimismo, referentes de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtieron sobre problemas técnicos, como la imposibilidad de vincular el CUD en perfiles de jubilados que ya poseen otros beneficios en su tarjeta. Mientras la Provincia asegura que seguirá entregando credenciales PLM en diversos distritos como Mar del Plata, Quilmes y Morón, la incertidumbre persiste sobre cómo afectará esta nueva carga administrativa al acceso efectivo del transporte para los sectores más vulnerables.
