La Justicia ordenó el pago de una millonaria indemnización a un joven que sufrió acoso en una escuela secundaria pública de Chivilcoy. El tribunal advirtió que las autoridades "naturalizaron" la violencia y no intervinieron a tiempo.
En una resolución que resuena en todo el ámbito educativo bonaerense y establece un límite claro a la inacción institucional, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes dictó un fallo histórico contra la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). La Justicia condenó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a su compañía aseguradora a indemnizar con 19 millones de pesos a un exalumno que fue víctima de acoso escolar prolongado.
El expediente se remonta a los años 2011 y 2012, período en el cual el joven cursaba el segundo y tercer año en una escuela secundaria pública del centro-norte bonaerense. De acuerdo a las pruebas presentadas, el estudiante fue blanco de reiteradas burlas, empujones, golpes y exclusión por parte de un grupo de compañeros. La violencia fue escalando ante la mirada pasiva del personal docente, llegando al punto de registrarse agresiones físicas dentro del aula y filmaciones de los ataques.
Ante la ausencia de respuestas por parte del colegio, el adolescente comenzó a ausentarse cada vez más. El impacto en su salud fue documentado por peritos, quienes le diagnosticaron un trastorno adaptativo con depresión y síntomas de evitación social. Esto lo obligó a iniciar tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y a requerir educación domiciliaria.
La "naturalización" de la violencia como agravante
El punto medular del fallo judicial fue el análisis sobre la conducta de la institución. En su defensa, el Estado provincial había argumentado que se trató de "incidentes aislados". Sin embargo, tras escuchar testimonios de excompañeros, el tribunal fue contundente: descartó la postura oficial y determinó que las autoridades del colegio "naturalizaron y normalizaron" el maltrato.
Para la Justicia, la falta de urgencia, firmeza y medidas de prevención por parte de los directivos transmitió un mensaje de tolerancia hacia la violencia, consolidando el daño sufrido por la víctima. De esta forma, se remarcó la responsabilidad objetiva de las instituciones (según el Código Civil) de garantizar la seguridad de los menores, ordenando el pago de la indemnización millonaria, a la que deberán sumarse los intereses actualizados.
Los preocupantes antecedentes en General Rodríguez
La sentencia de Mercedes deja un mensaje ineludible: el acoso escolar no puede ser minimizado y la "inacción institucional" constituye un incumplimiento legal severo. Este precedente enciende las alarmas de cara a lo que ocurrió en algunas escuelas de General Rodríguez, donde en los últimos tiempos se han registrado graves hechos de violencia marcados por un denominador común: las denuncias de los padres sobre la falta de respuestas de los directivos.
A través de las coberturas de La Posta Noticias, ha quedado documentada una preocupante escalada de conflictos en las aulas locales donde las familias exigieron intervenciones que, en muchos casos, llegaron tarde o de manera ineficaz.
Entre los episodios más graves del último año, en agosto de 2025, un brutal ataque en una escuela del distrito terminó con un chico de 14 años trasladado en ambulancia al hospital. Ese mismo mes, el hartazgo por los reiterados hechos de violencia e indisciplina llevó a un grupo de padres y vecinos a manifestarse para pedir el cambio de las autoridades de un colegio.
Meses más tarde, en noviembre, la comunidad educativa de La Fraternidad vivió semanas de extrema preocupación y temor luego de que las familias denunciaran a una menor por violentas agresiones, quien llegó a amenazar a sus compañeros diciéndoles que "los iba a prender fuego".
Lejos de revertirse, la tendencia continuó este año. A principios de este mes de mayo de 2026, estallaron nuevos conflictos: en la Escuela 19, los padres volvieron a alzar la voz por acusaciones de violencia escolar, exigiendo un freno a las agresiones. Paralelamente, en una escuela de la zona de Vista Linda, una grave pelea derivó en una decisión institucional que generó fuerte polémica y cuestionamientos por parte de las familias: el traslado a otra institución del alumno que había sido agredido, en lugar de abordar el problema de raíz con los agresores.
El fallo contra la Provincia demuestra que mirar hacia un costado cuando los padres alertan sobre el bullying ya no es una opción.
Links de algunas notas relacionadas: