Un grupo de diputadas bonaerenses del PRO presentó una iniciativa para blindar por ley el Pase Libre Multimodal. El proyecto busca otorgar seguridad jurídica a los beneficiarios, unificar el sistema en los 135 municipios y sumar herramientas digitales, evitando que el derecho dependa de resoluciones ministeriales temporales
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires analiza por estos días un ambicioso proyecto de ley que pretende dar un marco legal definitivo al Pase Libre Multimodal (PLM), el sistema que permite viajar gratis en transporte terrestre y fluvial a personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera. La propuesta, impulsada por las diputadas María Paula Bustos, Julieta Quintero Chasman y Natalia Blanco, surge en un momento de fuerte incertidumbre sobre la validez de las credenciales actuales frente a los cambios tecnológicos impulsados desde la Casa Rosada.
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Actualmente, el PLM funciona bajo la Resolución 55/2020 del Ministerio de Transporte bonaerense, lo que lo convierte en una norma administrativa que podría ser modificada por cualquier gestión de turno. "Las personas con discapacidad no pueden estar cada cuatro años esperando que un nuevo ministro decida si sigue el pase o cambia el formato", advirtieron las legisladoras en los fundamentos del texto, subrayando la necesidad de otorgar previsión presupuestaria y seguridad jurídica a las más de 800 mil personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la provincia.
El proyecto no solo busca "blindar" el derecho, sino también modernizarlo. Entre sus puntos más destacados figura la creación de una aplicación móvil con funcionamiento offline, que permitiría acreditar el beneficio desde el celular incluso sin conexión a Internet. Además, establece reglas estrictas para las empresas de transporte, como la obligación de entregar pasajes de ida y vuelta en el mismo acto y la reserva prioritaria de los primeros cuatro asientos en las unidades, que en vehículos de doble piso deberán estar siempre en la planta inferior.
El conflicto de fondo: cruces entre Nación y Provincia
Este movimiento legislativo se produce en el marco de una tensa disputa política. El pasado 19 de junio, el Gobierno nacional habilitó la vinculación del CUD a la tarjeta SUBE para viajar gratis en líneas de jurisdicción nacional y trenes, argumentando que la digitalización busca reducir fraudes y agilizar el acceso. Sin embargo, la medida fue duramente criticada por la administración de Axel Kicillof. El ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, calificó la iniciativa como una traba burocrática innecesaria: “para las personas que necesitan que se les facilite el día a día, suman otro trámite con tal de no reconocer derechos que llevan años negándolos”.
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Desde la Provincia denunciaron que el sistema nacional generó caos en sus primeros días, con reportes de caídas en la web de SUBE y largas filas en terminales como Constitución. Por su parte, familias de personas con discapacidad expresaron temor ante la posibilidad de que el sistema digital reemplace al físico, lo cual complicaría a quienes dependen de múltiples cuidadores.
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Ante la escalada del conflicto, la Secretaría de Transporte de la Nación, encabezada por Mariano Plencovich, emitió una aclaración importante: ratificó que el uso del documento físico seguirá siendo plenamente válido para viajar sin costo en todo el país. Las autoridades nacionales enfatizaron que la asociación del CUD a la SUBE es una alternativa optativa y no obligatoria, y recordaron que las empresas que nieguen el beneficio o exijan requisitos no previstos legalmente serán sancionadas. Con este escenario, el proyecto de ley bonaerense busca asegurar que, independientemente de las disputas nacionales, el sistema provincial mantenga su autonomía y estabilidad.
Fuente: Grupo La Provincia
