A cuatro años del crimen del joven hincha de Luján: una herida abierta y una Justicia que no llega
A cuatro años del asesinato de Joaquín Busto Coronel durante un clásico contra Alem, la causa judicial enfrenta un escenario de impunidad marcada por la ausencia de los principales responsables. Con los dos sospechosos de efectuar los disparos aún prófugos y un juicio oral que se dilata en el tiempo, la familia del joven de 18 años mantiene el reclamo de justicia por una agresión planificada que cambió para siempre la historia del fútbol regional
El 10 de julio de 2022 amaneció como el día de una fiesta deportiva esperada: el clásico entre Luján y Leandro N. Alem en el Campo Municipal de Deportes. Sin embargo, la tarde se transformó en una carnicería cuando una facción de la barra brava del club de General Rodríguez ejecutó una emboscada minuciosamente planificada. Apenas se habían disputado diez minutos del encuentro cuando el horror se desató fuera del estadio; a pesar de la prohibición de público visitante, un grupo de violentos llegó en varios vehículos y comenzó un ataque brutal con armas de fuego desde la traza de la ruta 7 hacia la multitud local.
En medio de una balacera que contabilizó más de 130 disparos, Joaquín Busto Coronel, un joven de 18 años que solo había ido a alentar a su equipo, recibió un impacto de bala de calibre 9 milímetros en el pecho. El caos fue total, con ambulancias y bomberos que no daban abasto para atender a los heridos (se estima que al menos siete personas recibieron impactos de bala y más de treinta resultaron heridas de diversa gravedad) mientras los agresores escapaban hacia General Rodríguez. Las cámaras de seguridad incluso captaron a los atacantes deteniéndose en la Autopista del Oeste para abrazarse y celebrar el letal ataque, un gesto que quedó registrado como prueba de la frialdad con la que operaron.
La investigación posterior desnudó un entramado de complicidades institucionales, ya que la mayoría de los diez imputados en la causa formaban parte de la comisión directiva del Club Alem o tenían una participación activa en su estructura de mando. Aunque la fiscalía logró identificar a los responsables y pidió la elevación a juicio por delitos que incluyen homicidio agravado y lesiones calificadas, el proceso se ha visto obstaculizado por fugas y beneficios judiciales polémicos. Ariel González, señalado como jefe de la barra, logró su libertad tras pagar una fianza de 200 mil pesos, mientras que su hermano Martín Alejandro González se fugó en marzo de 2024, justo antes de que se revocara su arresto domiciliario.
Hoy, el principal acusado de haber efectuado el disparo mortal, Mariano Fabián González, continúa prófugo, convirtiéndose en el símbolo de una justicia que parece detenerse en las fronteras de General Rodríguez. A pesar de los pedidos de captura, familiares de la víctima aseguran haberlo visto moviéndose con total impunidad por su ciudad, incluso cerca de dependencias policiales, lo que alimenta las sospechas sobre coberturas políticas o judiciales. Mientras el juicio se proyectaba recién para algún momento de 2026 (sin novedades aún), la herida en la comunidad de Luján sigue sangrando, recordando aquel último partido jugado en el Campo Municipal como el fin de una era de inocencia deportiva.
La investigación del caso incluyó una batería de allanamientos, documentos, peritajes balísticos y fílmicos, testimonios de hinchas de ambos bandos y policías, entre otras diligencias. Del análisis general de la prueba la fiscal extrajo elementos suficientes para pedir al juez de garantías la elevación a juicio de Leandro “Zurdo” Dapueto (32); Mauricio Pare (47); César Ramírez (39); Facundo Serrano (31); Ariel González (35); Hugo Prezzo (37); Carlos “Cappe” Cappelani (40); Martín “Pepo” González (41); Diego “Chimi” Barrientos (35) y Facundo Rodríguez (33).
Los diferentes delitos que enfrentan los barras de Alem contemplan la agresión con cualquier arma, la resistencia a la autoridad, las lesiones leves y graves calificadas por el uso de armas de fuego y el encubrimiento. Todos están agravados por haberse cometido bajo el marco de un evento de fútbol.
El reclamo en la pantalla nacional
El caso cobró una nueva dimensión de indignación tras la difusión de un informe televisivo en Telefé Noticias, conducido por el periodista Mauro Szeta, donde se puso de manifiesto la red de complicidades que rodea a los prófugos. Durante la emisión, Szeta analizó la estructura del ataque y fue tajante al señalar la irregularidad de las fugas, afirmando que "la pregunta es si tienen cobertura", al notar que casualmente los únicos que han logrado evadir a la justicia son los hijos de quien era el presidente del club Alem, mientras que el resto de los implicados han pasado por diversas instancias procesales de imputación y detención. Esta sospecha de protección no es infundada para el periodista, quien destacó que en este expediente existen "relaciones entrecruzadas" desde el punto de vista de la política y los contactos, mencionando que uno de los acusados, Ariel González, llegó a ser funcionario municipal y su madre tuvo cargos en áreas judiciales.
El testimonio más desgarrador y revelador lo brindó Lucas, hermano de Joaquín, quien además de haber sido testigo presencial de la balacera (recordando que en apenas minutos "no lo vi más porque empezó a bajar toda la gente porque estaban tirando"), denunció haber visto personalmente a uno de los asesinos. Con una mezcla de impotencia y frustración, Lucas relató en el informe que "yo fui a Rodríguez y me crucé a Mariano, a toda esa gente", detallando que el encuentro ocurrió de casualidad en la propia sede del club Alem a principios de 2024, a pesar de que sobre Mariano González pesa un pedido de captura como presunto autor material del disparo mortal. Esta sensación de que los acusados se manejan con total libertad en su territorio fue reforzada por Szeta, quien mostró que la sede del club donde se habría gestado el plan criminal se encuentra exactamente frente a la Comisaría 1º de General Rodríguez, sugiriendo una impunidad desafiante.
Finalmente, el informe recogió el dolor de Sara Aguilar, la madre de Joaquín, quien confirmó que recibe constantes llamados de vecinos asegurando que los hermanos González "siguen estando en Rodríguez" y que, increíblemente, "se siguen moviendo como si no hubieran hecho nada". Mientras camina por Luján recibiendo el apoyo de la gente, Sara mantiene una demanda simple pero que el sistema judicial aún no satisface: "que los detengan, que se haga justicia", porque en su corazón y en el de toda la ciudad vecina, la herida sigue abierta.
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Con info de: El Civismo
